A estas alturas del mandato municipal en Alicante, podemos dar por perdidos estos cuatro años. Y no es ninguna exageración. La ciudad se encuentra desnortada y sin horizonte, incapaz de cerrar ninguno de los numerosos desafíos que tiene pendientes desde hace años y sin impulsar ni un solo proyecto estratégico de futuro que mejore su capacidad económica y su modelo productivo, que genere empleo o que transforme las infraestructuras o barrios de la ciudad.

Todas las energías de los tres partidos que componían el equipo de gobierno hasta el pasado miércoles se han dedicado a sus luchas, enfrentamientos y peleas personales, mientras los conflictos, las acusaciones y deslealtades paralizaban la acción de gobierno. Y por si todo ello fuera poco, los líos judiciales del alcalde, Gabriel Echávarri, la sentencia que anula el cambio de calles franquistas al haberse tramitado y aprobado sin respetar la legalidad, la salida del equipo de gobierno de los tres concejales de Compromís, el anuncio de que Guanyar también lo abandonará, junto a la decisión de que los seis concejales del PSOE concentrarán todas las competencias de las áreas de gobierno de un ayuntamiento como el de Alicante, con veintinueve concejales, demuestra que la ciudad ha tocado fondo. Somos muchos quienes pensamos que es una vergüenza que se haya llegado a esta situación, una pena que se tenga a la ciudad sometida a los caprichos e incapacidades de los partidos que la desgobiernan y un desastre para sus ciudadanos, perdiendo oportunidades y calidad de vida en la undécima capital de España que desde hace ya demasiados años está en caída libre.

A lo largo de este tiempo he reflexionado en este diario muchos domingos sobre los graves problemas que presentaban este tripartito y sus componentes, junto a sus dificultades de comunicación, analizando numerosas decisiones inadecuadas. En no pocas ocasiones he tenido que soportar insultos y descalificaciones por reflejar lo que era una evidencia por todos conocida, algo que también forma parte del estilo de algunos de los que aun gobiernan la ciudad. Pero no es el momento de abundar en ello ni de hacer leña del árbol caído. Buena parte de las promesas con las que los tres partidos alcanzaron el gobierno municipal en junio de 2015, PSOE, Guanyar Alacant (bandera de conveniencia de EU) y Compromís, han saltado por los aires hechas añicos, sin que a sus responsables les importaran pisotearlas estos dos años y medio de mandato. ¿Dónde quedaron los solemnes compromisos de «recuperar la autoestima», de que la ciudad «deje de estar en los tribunales», de que «el diálogo» presidiera su mandato, de «abandonar las polémicas y discusiones», de «priorizar las personas», de trabajar con «respeto», que los tres partidos que asumieron el nuevo gobierno municipal declararon solemnemente en el acto de investidura del alcalde? Esto también es corrupción de las palabras, al hacer lo contrario de lo que un partido promete.

Hay que insistir en que los procedimientos judiciales en los que el alcalde está incurso nada tienen que ver con la malversación económica. Pero precisamente por haber estado la ciudad y la Comunitat en el disparadero judicial por infinidad de casos de corrupción, este gobierno municipal debía de haber extremado los procedimientos para asegurar su absoluta pulcritud, evitando decisiones caprichosas y no ajustadas a la legalidad, como las que al parecer se han llevado a cabo por parte del tripartito, tanto en el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, como en el despido de la cuñada de Luis Barcala, así como en el anulado acuerdo de cambio de calles franquistas.

Me temo que hay muchas responsabilidades en todo ello, aunque finalmente el alcalde tendrá que afrontar las suyas. Pero algunos que exigen a Echávarri que dimita por acusaciones de prevaricación dejaron claro en declaraciones a la prensa que ellos en ningún caso dimitirían si eran finalmente imputados por lo mismo, como manifestó con toda rotundidad Miguel Ángel Pavón en declaraciones ante la denuncia de un promotor finalmente archivada, afirmando que en ningún caso la prevaricación «puede considerarse corrupción». Es la famosa ley del embudo, a la que Guanyar y EU nos tienen acostumbrados, porque si de verdad quieren un gobierno municipal intachable, que nos eviten el bochorno de aguantar a una concejala suya condenada por la Audiencia Nacional que ha dejado testimonios escritos de sus graves insultos, o a otra edil suya que no para de protagonizar líos judiciales en Ecuador, dieciséis hasta la fecha.

Pretender refundar un tripartito sobre las mismas personas, fobias y deslealtades es hacerse trampas al solitario, prolongando la agonía de un gobierno municipal que ha demostrado sobradamente sus limitaciones. La ciudad no merece este maltrato y los alicantinos estamos hartos de personas que anteponen sus intereses personales y partidistas más espurios a las necesidades de una ciudad que precisa dejar atrás esta desafortunada etapa.

El dilema de la izquierda en esta ciudad no es obtener una mayoría, sino construirla para impulsar un proyecto de transformación social y ciudadana. Y para ello tenía una oportunidad de oro en estos cuatro años que, a día de hoy, ha desaprovechado.