05 de noviembre de 2017
05.11.2017
Opinión

La cruzada de Junqueras

Las consecuencias legales de sus actos es lo que el secesionismo llama ahora represión

05.11.2017 | 01:53

Comienza el proceso al procés. Con el auto de prisión incondicional de la mayor parte del antiguo Govern queda constancia de que ha comenzado el proceso al procés y esa será una perspectiva obligada al valorar todo lo que venga a partir de ahora en el frente judicial. La jueza Lamela hace en su resolución un relato completo de lo ocurrido en Cataluña desde las elecciones de 2015, un acontecer marcado por la voluntad inequívoca de proclamar la independencia a costa de saltarse las múltiples advertencias de ilegalidad y con el respaldo de la agitación de la calle. Quienes el jueves entraron en prisión sabían lo que hacían y lo ejecutaron con una determinación imparable, viene a sostener la magistrada. Las consecuencias legales de sus actos es lo que el secesionismo llama ahora represión. Tan conscientes eran de lo que hacían que incluso en algunos de los avances en esa línea trazada hubo ocultación deliberada en un intento de sustraerse a la acción de la justicia, como ocurrió con el voto secreto en el pleno del Parlament en el que se dio por proclamada la república. Con todo, la decisión judicial, en la que hay quien aprecia vulneración de las garantías de la defensa, pudiera haber sido otra si quienes el jueves comparecieron en la Audiencia Nacional no persistieran en presentarse como el Gobierno legítimo de Cataluña.


La respuesta del soberanismo se mueve en su esquema narrativo habitual de mostrar a los encarcelados como seres platónicos movidos sólo por la fuerza de sus ideas, como si todo lo ocurrido en estos meses en Cataluña se mantuviera en los límites de un debate teórico y la secesión no hubiera fraguado en una serie de resoluciones institucionales que buscan su impacto en el mundo real. Las fiestas de pijamas del independentismo y sus aires pacíficos no consiguen ocultar una violencia que nada tiene que ver con la inútil contundencia policial del primero de octubre pero que es una presión orientada a cambiar voluntades. En una concentración multitudinaria se ejerce la intimidación del número y cuando se vulneran los derechos de las minorías parlamentarias se ataca de manera directa a aquellos a quienes representan.


Y ahora además llega la cruzada. En el umbral de la prisión, el jesuítico Junqueras animaba a los suyos a luchar para que «el bien derrote al mal en las urnas el 21-D». Es un mensaje con inequívoco aroma fundamentalista, revelador, de nuevo, de la mística religiosa que se oculta en el fondo de una ideología en apariencia laica. Confrontar con esa creencia, engordada con los anabolizantes de la emotividad y la épica, resulta muy difícil porque toda ella se sustrae a la lógica ordinaria de la argumentación jurídica y política.


Con el encarcelamiento del antiguo Govern el intento de comenzar a desatar el nudo gordiano catalán se desarrollará en las condiciones más adversas. Nada de lo que está pasando en el frente judicial conviene en el político al Gobierno y a los que apoyaron la intervención de la Generalitat. Esa sería razón suficiente para arruinar la denuncia de Puigdemont, al amparo de la cual se refugia en Bruselas, de que la justicia actúa como mera correa de transmisión de las órdenes del Ejecutivo. Los mensajes del aflautado políglota, que ahora se ofrece como candidato, todavía encuentran encaje en una credulidad colectiva que no han conseguido romper ni los efectos económicos de la secesión ni la constatación de que, independizados, los catalanes estarán solos. Las urnas de diciembre servirán para constatar si Cataluña es una sociedad enferma de pasado, según diagnóstico del historiador Ricardo García Cárcel, o lleva camino de restablecerse.

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