Asistimos con inquietud y preocupación al enfrentamiento entre dos gobiernos legítimos: el de España y el de Cataluña, el del Estado y el de una Comunidad Autónoma. Las fuerzas políticas situadas al frente de cada cual tienen concepciones diametralmente opuestas sobre la organización territorial del poder, pero ambas coinciden en la indiferencia hacia un problema político de enorme magnitud: las históricas y persistentes relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y su manifestación más cruenta, que es la violencia machista.

En la semana en que el enfrentamiento entre los dos gobiernos ha alcanzado su punto álgido, la violencia machista se ha cobrado la vida de seis mujeres y del bebé de una de ellas. Y el silencio al respecto ha sido clamoroso. La misma semana en la que el Congreso debatía y aprobaba un pacto de Estado contra la Violencia de Género que requerirá, como la ley aprobada en 2004, de la coordinación y acuerdo del Estado con las Comunidades Autónomas. Mientras se fraguaba el pacto, desde la Seguridad Social se recurría una sentencia que incrementó la pensión de orfandad a tres menores, hijos de una asesinada por violencia machista en 2009. Ante la presión socialista y con el trágico balance de la semana, han retirado el recurso. Pero el Ministerio del Interior, el mismo día en que era encontrada otra mujer asesinada en Miranda de Ebro, anunciaba su intención de denunciar ante la Fiscalía a Ada Colau por haber declarado que durante la jornada del 1 de octubre algunas mujeres afirmaron haber sido agredidas sexualmente por la policía.

El bebé y dos mujeres fueron asesinadas el mismo domingo 1 de octubre. Una fue asesinada en Madrid por un hombre que confesó haberlo hecho «por celos», aunque no computará en las estadísticas oficiales porque no había existido relación de pareja. Otra fue abatida a tiros en la puerta de su domicilio, en Barcelona, y el asesino mató también al bebé antes de suicidarse. En esa jornada se agitaban banderas. Ninguna de ellas protegía a esas mujeres. Sin duda, hubo violencia. Pero el rechazo y la condena masiva a esa violencia no incluye la de la violencia machista, que no tiene fecha fija porque está presente todos los días. Tanto el orden que hay como el que se pretende construir tienen un eje común: son órdenes patriarcales. Ninguno defiende la bandera de la igualdad.

La constitucionalista Eva Martínez Sampere, fallecida el pasado marzo, al preguntarse la razón por la que «el orden social patriarcal ha construido en última instancia las diferencias corporales entre los sexos como discriminatorias contra las mujeres» afirmaba «La única respuesta que me parece plausible es la de preparar a los varones para la guerra». Y parece, vistas las actuaciones de ambos gobiernos, que Eva tenía razón.