El pasado 12 de mayo me refería, en esta misma sección, a la novela de George Orwell que se tradujo al español como Rebelión en la granja. En ese artículo también mencionaba, si bien de forma tangencial, otra conocida obra del mismo autor, Homenaje a Cataluña, que por desgracia, tras los últimos y graves acontecimientos que vive nuestro país, ha salido a colación en algunos medios de comunicación, significativamente en la prensa escrita británica.
Homenaje a Cataluña se encuentra en cualquier listado de libros relevantes sobre la Guerra Civil Española, y ha sido una obra que ha ejercido una gran influencia sobre la opinión del mundo angloparlante acerca de esa contienda fratricida. Sin embargo, el límite temporal y geográfico en el que Orwell estuvo en contacto con el conflicto no le permitió establecer un análisis exhaustivo de las líneas políticas que estaban tras él, especialmente en el contexto internacional de la época.
En cambio, Orwell sí vivió de primera mano los acontecimientos que se sucedieron en Barcelona entre el 3 y el 8 de mayo de 1937, conocidos como «Los sucesos de mayo de 1937». Orwell militaba entonces en la milicia del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), un partido de inspiración trotskista, que junto a los grupos anarquistas de la CNT entró en conflicto abierto, por motivos que sería demasiado largo explicar, con los partidos que integraban el Frente Popular y con la propia Generalitat de Cataluña.
La represión, entre los propios miembros del bando republicano, fue tal que el mismo Orwell, que había estado a punto de perder la vida en el frente de batalla defendiendo la causa de la República, tuvo que salir de España precipitadamente para huir de la persecución a la que estaba siendo sometido por el Partido Comunista.
Resulta evidente, por lo tanto, que los periodistas que han comparado lo que escribió Orwell hace ochenta años con la situación actual en España ni han leído a Orwell, ni conocen España. Los sucesos de entonces se enmarcaban en un contexto muy complejo, con una guerra civil surgida de un fallido golpe de estado. Pero con el bando que, en principio, se suponía defensor de la legalidad, enfrentado entre sí y lanzado a una feroz represión contra los miembros de sus propias filas. La situación actual también es compleja, pero la disyuntiva es obvia: unos atacan la legalidad, otros la defienden.
Sea como fuere, a mí no me preocupa tanto la opinión de algunos periodistas extranjeros desinformados, o mal informados por campañas mediáticas interesadas, como el análisis de las causas que nos han llevado hasta aquí, para intentar no reproducirlas. Mucho se ha hablado de esas posibles causas, pero a mí me gustaría centrarme en dos: la educación y los medios de comunicación públicos.
La educación es, sin duda, un instrumento muy poderoso; y los instrumentos poderosos pueden ser altamente beneficiosos si se utilizan de una manera correcta, o terriblemente perjudiciales si se emplean de una forma abyecta. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un claro ejemplo de lo segundo. La alta descentralización de los servicios públicos que emana de la Constitución, de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y de los diferentes estatutos de autonomía, ha propiciado que la educación en España esté en manos de los diferentes gobiernos autonómicos.
Este hecho, en principio, no debería considerarse como algo negativo per se. En el resto de los países de nuestro entorno también existe una descentralización de la gestión educativa en mayor o menor grado; en algunos países esa competencia recae sobre las autoridades regionales o provinciales, en otros incluso sobre las locales y, en los menos, se organizan de una manera totalmente centralizada. La diferencia es que, independientemente del modelo organizativo que posean, en todos los centros de los diferentes países se imparte un currículum común. Algo que en España sólo ocurre en la teoría, al menos en Cataluña.
Algo similar sucede con la manipulación política de los medios públicos de comunicación. ¿Qué sentido tiene hoy en día que existan televisiones públicas autonómicas? Mejor aún, ¿qué sentido tiene que existan medios públicos de comunicación? Probablemente ninguno. Se ha comentado mucho que los propios trabajadores de TVE criticaran el tratamiento informativo de los sucesos del pasado 1 de octubre. Me preocupa, pero aún me preocupa más que los trabajadores de TV3 ni siquiera se hayan atrevido a hacer lo propio respecto de su empresa.
Los ciudadanos estamos preocupados. Los partidos políticos, como casi siempre, parecen ajenos a la realidad, en mayor o menor grado: el Partido Popular y Ciudadanos manifiestan una clara postura de defensa de la legalidad constitucional, aunque disientan en matices. Compromís también lo tiene claro: no oculta su simpatía por el proyecto de los «Països Catalans». Podemos a lo suyo. Pero la pieza clave en este puzle es el PSOE, o las diferentes sensibilidades del PSOE. Muchos militantes y cuadros del partido comienzan a disentir de la estrategia de Pedro Sánchez: llegar a La Moncloa a cualquier precio.
Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, observamos todas estas cuestiones con especial preocupación. Somos cada vez más los que nos preguntamos si los intentos del Consell por imponer una inmersión lingüística en valenciano en la escuela, y por reabrir una televisión pública que casi nadie reclama, son un intento de reproducir de forma mimética las políticas de nuestros vecinos del norte, que han devenido en la situación actual.
En inglés hay una expresión «a penny for your thoughts» que se emplea para interpelar a alguien cuando quieres saber lo que piensa, especialmente cuando lleva mucho tiempo callado. En el seno del tripartito que gobierna Elche me puedo imaginar lo que piensa, por ejemplo, la señora Mollà de estos asuntos, pero al señor Pareja y al señor alcalde les ofrecería un penique por sus pensamientos.
