Ayer hizo exactamente tres patrones del Cuerpo Nacional de Policía de cuando la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se presentó en el castillo de Santa Bárbara para asistir a la festividad de los Ángeles Custodios luciendo su segunda imputación. A la del proceso por los presuntos amaños del PGOU, en la que acaba de ser confirmado su procesamiento, se sumaba en esos momentos la de la causa por supuestas irregularidades en la tramitación del plan Rabasa, que finalmente acabó en archivo. Su presencia, por ser quien era y por su propia personalidad, no sólo no pasó inadvertida sino que provocó situaciones que, de no ser porque se trataba de la primera autoridad de la ciudad y de unas investigaciones que apuntaban a hechos nada risibles, tenían su punto cómico. Ver macharse a la carrera del patio de armas de la fortaleza a los máximos representantes de las instituciones judiciales de la provincia para evitar que las cámaras les captaran junto a la regidora ha quedado en los anales del escapismo de un acto público. Con todo, a mí aquello me pareció un espectáculo triste que, confié entonces, no esperaba que se volviera a repetir. Pero, por desgracia para Alicante y para quienes aquí vivimos, no ha sido así. Ayer, en medio de la vorágine en que mandos y agentes policiales festejaron su día, de nuevo un alcalde imputado (investigado se dice ahora, aunque tanto monta) volvió a asistir en representación de la ciudad. Pero ayer nadie corría ni se hacían fotos. Debe ser que nos hemos acostumbrado.
