Los ayuntamientos se ven en la obligación cada año de gastar cientos de miles de euros en un servicio que se ha hecho esencial y más si se quiere obtener una bandera azul: el salvamento y socorrismo en las playas. Ello no impide que desde junio a septiembre tengamos que ver cómo sigue aumentando la triste estadística de muertes por ahogamiento sin que hasta ahora nos hubiéramos planteado si es necesario ampliarlo, ya bien sea en meses, en horarios o en personal. Más de un concejal del ramo se pondrá a temblar viendo cómo se le puede descuadrar el presupuesto si al final la presión, ya bien sea de los usuarios, de entidades públicas o privadas o, incluso, de otros ayuntamientos colindantes que se le adelanten, le obligan a ello.
Tenemos una cultura que no nos anima precisamente a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, pero sí a culpabilizar a otros de lo que nos pasa. Bañarse en lugares sin servicio de socorristas (porque nunca lo han tenido), hacerlo fuera de los horarios (que son los de mayor afluencia y, además, los más seguros), desafiar a un día de resaca o, incluso, meternos al agua con bandera roja no nos debería parecer menos grave que el hecho de que un municipio no cubra todas las posibles contingencias. Y eso que algunos, como es el caso de Benidorm, ya lo hace y le saca un provecho exquisito como marca. Y sí, es cierto, los ayuntamientos podrían ampliar hasta el infinito el servicio. Todo el año y más horario y personal, pero seguirían produciéndose muertes porque la principal responsabilidad en esto como en tantas otras cosas no debe recaer en la administración sino en nosotros. Y la pregunta es: ¿sabe usted nadar?
