28 de septiembre de 2017
28.09.2017
Tribuna

El proceso soberanista catalán: del presente al futuro

28.09.2017 | 01:09

La situación compleja y tensa generada por el referéndum catalán nos muestra que la unión de la pasividad y el egoísmo son elementos nefastos en una democracia, pues no permiten consolidar un proyecto ciudadano común.


Las soluciones ofrecidas al referéndum han sido diversas y a veces disparatadas. Desde quienes apelan a la pura vis física del Estado recurriendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o los que pretenden un auténtico golpe de Estado ciudadano ?vías que parecen imponerse?, hasta quienes quieren utilizar las vías excepcionales de la Constitución o una normativa aprobada en la legislatura 2011-2015 que parece poco adecuada.


En efecto, las dos primeras medidas escapan de la legalidad. Por lo demás, no se puede ni da tiempo a utilizar el artículo 155 de la Constitución, que no supone la suspensión de la autonomía, puede resultar contradictorio con lo pretendido e ineficaz, aunque bien es cierto que hubiera aportado, al menos, debate parlamentario. Y tampoco caben los estados de emergencia del artículo 116, porque la suspensión de derechos no aporta soluciones jurídicas de fondo y porque supondría un castigo ciudadano generalizado. Por otro lado, tampoco es posible ya hacer uso de la legislación ordinaria penal o administrativa, pues ello requeriría la intervención judicial, que se produciría mucho después del 1-O.


Así nos queda la aplicación de las medidas de ejecución previstas para el Tribunal Constitucional (multas, inhabilitaciones), que también parece imponerse y que supone trasladar a este órgano una solución que debe adoptarse en otra sede y que contribuye a su politización y a la dejación de liderazgo de otras instancias. Y por otro lado, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que contiene importantes deficiencias, alguna duda de constitucionalidad, y cláusulas excesivamente ambiguas que podrían abocar a una interpretación al margen de la Constitución.


Ante ello la ciudadanía está expectante y cansada y toda Europa, incrédula, pendiente de nuestro país. Pero ahora la responsabilidad corresponde al Gobierno, que debería defender el interés general, con todos los apoyos políticos posibles, y en constante diálogo y no por la fuerza.


En pura lógica jurídica el 1 de octubre no se puede celebrar el referéndum, aunque este análisis es ya tardío e insuficiente, pues hace ya tiempo que ambas partes han perdido sus respectivas razones jurídicas. Pero sí parece claro que el 2 de octubre buena parte de la clase política actual deberá asumir responsabilidades, con dimisiones incluso. No obstante, el pueblo catalán se frustrará si alguien, con una inteligencia razonable, no presenta propuestas viables de negociación. Ante un previsible referéndum frustrado o celebrado parcialmente, con escasa participación, sin dimisiones y sin soluciones razonables de futuro, ¿qué perspectiva cabe? No queda más que el diálogo sincero y la colaboración, pues la situación de constante amenaza que se vive sólo evidencia falta de solidez democrática. Una independencia de Cataluña es una quimera alentada y no fundamentada. Pero el mantenimiento del statu quo no es más que una solución que conducirá a un divorcio irreversible e insoportable en el futuro.


El contenido de la negociación pasa por un acuerdo político amplio formalizado en una reforma constitucional con una nueva vertebración de España y el encaje de Cataluña aceptado por el resto de comunidades. Un acuerdo que exigirá:


a) Reinterpretar toda aquella terminología (nación, soberanía, poder constituyente?) anclada en épocas históricas pasadas y que difícilmente se corresponde con el constitucionalismo multinivel actual.


b) Aceptar que nos encontramos en una gobernanza con pluralidad de poderes que deben actuar conjuntamente.


c) Reconfigurar la descentralización política para que sirva para acercar el poder a la ciudadanía y resolver mejor sus problemas con políticas públicas negociadas diariamente.


d) Modificar el sistema de financiación actual, aceptado y sin discriminaciones ni desigualdades.


e) Fomentar una cultura de la cooperación y el diálogo, seria y constructiva, haciendo compatible bilateralidad y multilateralidad.


Y una vez establecido esto, que llevará varios años, no hay que descartar que si determinados territorios continúan pretendiendo la independencia, su ciudadanía se pronuncie. Pero procurando que toda la labor realizada haya servido para tomar conciencia de lo que supone, mediante un proceso de socialización política. Y por supuesto a través de un procedimiento con la suficiente seriedad y garantía como para que el pacto constitucional continúe respondiendo a la voluntad ciudadana.


Con estos pasos, la ciudadanía no se verá frustrada. Porque hace tiempo que el derecho y la política debían haber actuado de forma más coordinada y responsable. Y porque lo actual no es más que un engaño consciente para encubrir apetencias espureas propias.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine