Anónimos

Betegón era un buen hombre, pero un regular gestor. Intentó impedir que los ciudadanos franceses afincados en la ciudad sufrieran abusos, si bien solo consiguió que no los lincharan, que no es poco. También fue benevolente con quienes cometieron delitos leves, aunque hubo veces en que no pudo impedir que sus sentencias fuesen corregidas por tribunales superiores.

Así ocurrió, por ejemplo, en marzo del año 1809, cuando desde la capitanía general de Valencia vino confirmada una de sus sentencias, pero ligeramente corregida.

Dos meses antes, Betegón había condenado a Domingo Forner, José Rivas, Agustín Espadín y Antonio Varó por llevar armas prohibidas (una carabina y un estilete). Una ronda se las encontró encima a los dos primeros cuando cantaban y tocaban música de noche, algo que también estaba prohibido. A Forner y a Rivas los castigó según la ley con seis años de servicio de armas en un regimiento de guarnición en la ciudad, mientras que a Espadín y Varó, por ser menores de edad y cortos de talla, les amonestó severamente («si en adelante se volviesen á juntar con personas que usasen de dichas armas prohibidas, y anduviesen con otras qualesquiera á desoras de la noche, ó á qualesquiera de ella con vihuelas, ú otro instrumento, se les impondrá quatro años con aplicacion a las obras del Muelle de esta Plaza») y les impuso una multa de diez ducados a cada uno.

El conde de la Conquista, capitán general de Valencia, dio por definitiva la sentencia, pero ordenando que Forner y Varó cumpliesen sus condenas lejos de Alicante y sus familias: el primero en la guarnición de un presidio andaluz; el segundo, que era sastre, debía presentarse ante el gobernador de Cartagena.

Ante un posible ataque de las tropas napoleónicas, Betegón quiso que se iniciaran pronto las obras de defensa de la plaza, pero se tropezó con numerosas dificultades, casi todas debido a la falta de financiación. El 11-3-1809, hizo público un plan de defensa redactado por el ingeniero Ordovas, que suponía, entre otras medidas, la retirada a intramuros de los vecinos de los arrabales de San Francisco y de San Antón, el traslado de los enfermos que se hallaban en el hospital militar al convento de Santo Domingo (hoy hotel Amérigo) y la construcción de un fuerte en lo alto del monte Tosal. Las obras serían dirigidas por José Vallejo Alcedo, oidor de la Audiencia de Valencia, que llegó comisionado para tal menester en abril. Para financiarlas, el Ayuntamiento estableció una suscripción voluntaria entre los vecinos, pero los donativos fueron insuficientes, por lo que se impuso un reparto forzoso, lo que provocó innumerables quejas. El inicio de las obras fue demorándose y Betegón dimitió.

El gobernador odiado

Betegón fue sustituido como gobernador por el mariscal de campo Cayetano Iriarte, que tomó posesión el 19-5-1809. Bajo el mandato de Iriarte se iniciaron por fin las obras de fortificación. Una de sus primeras decisiones al respecto fue demoler el barrio de San Antón, para evitar que los franceses, si ponían sitio a la ciudad, pudieran apoderarse de él y utilizarlo para atacar desde más cerca. Situado a extramuros, este barrio contaba con más de ochocientas casas y otros tantos habitantes, la mayoría jornaleros, además de la Casa de Misericordia, parte de la cual se había convertido en Fábrica de Tabacos en 1801. El derribo se inició en 1810, dejando en pie solo la Casa de la Misericordia y la fábrica.

Al contrario que su antecesor, Iriarte fue muy duro a la hora de firmar sentencias. En julio de 1809, por ejemplo, condenó a seis detenidos por vagancia a entre dos y cuatro años de trabajos forzados en las obras del muelle alicantino o en Ibiza. También al contrario que Betegón, muy pronto empezó a tener problemas con el Ayuntamiento por sus continuos enfrentamientos e invadir las competencias en materia judicial del alcalde mayor.

Pocos días después de tomar posesión de su cargo, Iriarte ordenó la detención del escribano Ramón Izquierdo por demorarse en la entrega de unos informes que le había pedido acerca de un inventario de bienes que estaba gestionando sobre una testamentaría. Acusado de desobediencia y sospecha de corruptelas, Izquierdo estuvo arrestado primero unos días en la guardia de la puerta del muelle, y después en su propia casa.

En diciembre de 1809, el Ayuntamiento designó al síndico Antonio Gamborino diputado en la Junta Suprema de Observación y Defensa. Otro diputado, Juan Visconti, recurrió aquel nombramiento directamente ante la Junta de Valencia, lo que irritó al soberbio Iriarte, que ordenó su arresto. La Junta Suprema mandó que se pusiera en libertad a Visconti, pero Iriarte se negó, alegando que dicha Junta carecía de autoridad a este respecto.

Al año siguiente, el comerciante Francisco Santo y el arquitecto Antonio Jover denunciaron a Iriarte porque no había satisfecho el impuesto de media anata (una fianza que, como los alcaldes, debían pagar a las arcas municipales los gobernadores cuando accedían al cargo). Iriarte ordenó el arresto de Santo y Jover, lo que causó una revuelta popular en la noche del 27 al 28 de junio. El Ayuntamiento reconoció que Iriarte no estaba obligado a pagar dicha fianza, porque así lo recogía la real orden de su nombramiento; la algarada cesó y el gobernador puso en libertad al comerciante y al arquitecto.

Al caer enfermo Iriarte en 1811, el Consejo de Regencia ordenó su sustitución provisional como gobernador de Alicante por el brigadier Antonio de la Cruz, quien ocupó definitivamente este cargo tras la muerte de Iriarte en octubre.

Mensajes sin firma

Pero volvamos a junio de 1809. Cayetano Iriarte apenas llevaba unas pocas semanas al frente de la gobernación alicantina, cuando comenzó a recibir anónimos que le advertían de la camarilla de corruptos que había heredado de su antecesor. El principal acusado era el ya mencionado José Vallejo, de quien se sospechaba que se quedaba con parte del dinero recaudado a los vecinos para las obras de fortificación que dirigía. Sospechas que se extendieron a varios regidores y a los comandantes de artillería e ingenieros.

Uno de estos anónimos, fechado el 1 de junio, iba firmado con el seudónimo de «El Observador», el cual, en el tercero de sus mensajes (19 de julio), se lamentaba de que el gobernador no hubiera hecho caso de sus advertencias y las de su «junta de observacion», compuesta por «El Vigilante», «El censor público» y «El Patriota».

Estos anónimos se conservan en una carpetilla custodiada en el Archivo Municipal de Alicante. Aunque sin fecha, el que parece haberse recibido primero hace alusión a una visita de inspección realizada por Iriarte al hospital. A pesar de que «la contestacion de los enfermos fue decir que no faltaba nada», el informante aseguraba que éstos, temerosos, «no han dicho la verdad», pues les faltaba de casi todo: «la carne, vino, pan, gallina, colchones, sábanas, vendajes, practicantes, enfermeros?», despidiéndose con un «ya iré dando algunas instrucciones á V.E.».

Comoquiera que Iriarte respaldó la honradez de los acusados, los anónimos pasaron a ser críticas más o menos duras, amenazándole inclusive.

El 27 de septiembre, Vallejo le escribió una nota al gobernador: «Entre las cartas del correo de oy que por casualidad abrí delante de gentes, he recibido el anónimo de que acompaño copia literal». Vallejo le instaba a que tomase las precauciones privadas y gubernativas que estimase oportuno, «que para las judiciales que corresponden hé tomado las combenientes». Iriarte le respondió informándole de que había recibido un anónimo igual ese mismo día, pero que se hallaba tranquilo, esperando «con resignacion qualquier evento contrario, que tal vez puede originarse». Así dice el anónimo en cuestión:

«¿Por quien llora Alicante? Por un intrigante. / ¿Y que remedio? Quitarle del medio. Podrá el Pueblo lo que no pudo Vallejo? / A la fuerza ó violencia, porque á esta no hai resistencia. / ¿Se respetará la autoridad? No, no lo merece por la arbitrariedad. / ¿Está mal dirigida? Sí, mas quita la causa y no será oprimida.»

Uno de estos anónimos es muy escueto; en letra grande se lee: «Casa de putas y cabrones».

En otro, firmado, el 25 de septiembre, se denuncia el amancebamiento del escribano Antonio Hernández con la viuda T eresa Sánchez, actitud escandalosa conocida y consentida por el alguacil mayor, pero que el gobernador debía remediar «con la mayor prontitud».

¿Quién era esta Teresa Sánchez? Lo sabremos la semana que viene.

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