Un año más, pasó con más pena que gloria. Supongo que muchos de ustedes no se han enterado del debate de Política General, celebrado en Les Corts Valencianes. Si es así, tranquilos porque no se han perdido mucho más que un simple trámite. Se trataba de repasar el estado de situación de la Comunidad Valenciana y de establecer propuestas para su mejora. El resultado, por el contrario, quedó reducido a un corolario de promesas y de buenas intenciones, y a la constatación de que, como cualquier humano, sus señorías no están mucho por dejarse la piel en la faena. Vaya, que trabajo, el justo. Ni una pizca más.
El debate de marras constituye uno de los grandes hitos anuales del parlamento valenciano. De ahí que merezca un reconocimiento que, sin embargo, ha ido decayendo en los últimos años y obliga a redefinir su objeto y contenido. En cumplimiento de la Ley de Gobierno Valenciano, el acto viene celebrándose desde 1984, con algunas excepciones que habitualmente -aunque no siempre- coinciden con los años de celebración de elecciones autonómicas. No se trata de aprobar ninguna ley, pero sí de que el President de la Generalitat exponga el balance del año anterior, se presenten propuestas para mejorar el estado de la Comunidad y, finalmente, se ejercite el derecho -y obligación, no lo olvidemos- a defender las ideas, en sede parlamentaria.
Lamentablemente, el debate de Política General ha quedado reducido a una desiderata de actuaciones que, si se evalúan posteriormente, acaban evidenciando un incumplimiento casi generalizado. Esa comprobación es labor propia de los grupos de oposición que, sin embargo, siguen optando por pasar de puntillas -Ciudadanos- o, como los populares, ir calentando el ambiente, en vistas de que la legislatura acabará dándose por finiquitada en breve. Supongo que el debate debería iniciarse con esa valoración del grado de ejecución de lo acordado en el año anterior. Si así fuera, alguien preguntaría qué fue de muchas iniciativas que, por necesarias y de bajo coste, podrían calificarse como «buenas, bonitas y baratas». Se trata de propuestas que se desarrollan con trabajo -mucho trabajo, eso sí- y sin apenas esfuerzo económico, características que debieran ser garantía de su cumplimiento, sin más excusa. Pero, algunos, ni así dan palo al agua.
Hace ahora un año, Ximo Puig se comprometió a que Les Corts aprobarían una batería de leyes que siguen sin ver la luz. Podrán estar en fase de borrador, anteproyecto o como leches prefieran, pero siguen sin publicarse en el DOGV, que es de lo que se trata. Y, cuando no hay ley que regule, tengan por seguro que no cabe esperar nuevas actuaciones ni la mejora de las ya existentes. Cierto es que se comprometió a aprobar una Ley de Espacios Naturales Protegidos y se cumplió. Tan cierto como que, cuando se hizo la propuesta, ya tenía fecha para su debate en pleno, apenas dos semanas después. Se fiaba a futuro lo que realmente ya estaba hecho. Ahora bien, no consta la aprobación de esas nuevas leyes de Hacienda Pública, de Servicios Sociales, de Juventud, de Renta garantizada de ciudadanía, de Empleo, o de Seguridad Ferroviaria. Ya ven, ninguna de ellas es baladí sino cosa seria. Tampoco hay noticias de ese «Plan de calidad, equidad, y eficiencia en la Sanidad Pública Valenciana». En síntesis, las buenas intenciones de un President, al que no siempre le sigue una tropa fiel ni trabajadora.
Dada la bondad de las propuestas que proceden del Consell -sea éste del color que fuera-, es difícil oponerse a las mismas. Suelen ser de cierto calado social, con el objetivo de dar una imagen positiva de la acción de gobierno, aunque luego acabe en agua de borrajas. En esta ocasión, se acuerda destinar más de 700 millones de euros para construir 200 nuevos colegios y reformar otros 500 institutos ¡Por fin se prioriza una necesidad básica! Uno espera que se cumpla porque, cuando menos en Educación, lo que se acuerda en el debate de Política General es palabra sagrada. El año pasado prometieron el decreto de plurilingüismo ¡y ya ven ustedes el carajo que se ha montado!
En esta ocasión, tal vez se agradecería alguna garantía añadida, más allá del desparrame ideológico. Considerando que la idea parte del mismo Consell que se reconoce incapaz de eliminar los barracones en esta legislatura -como habían asegurado en periodo electoral-, entiendan que uno ponga en tela de juicio la credibilidad de la propuesta. Como también habrá que dudar de ese incremento de personal que se encargará de evaluar las prestaciones de dependencia. El President se ha comprometido a disponer de 450 técnicos para estas funciones, en vez de los 18 actuales. A la vista de estos números, es lógico establecer una relación causa-efecto entre tan escaso personal actual y los retrasos en tramitar este tipo de ayudas. Y, obviamente, queda en entredicho el interés de la vicepresidenta y consellera del ramo, Mónica Oltra, durante los dos años que lleva ostentando la responsabilidad de solucionar un problema del que supo sacar buen rédito político en la campaña electoral. Ya saben, por años que pasen, la culpa siempre es del pasado.
Tanto Joan Lerma como Eduardo Zaplana dedicaron tiempo a este trascendental debate. Habitualmente, entre tres y cuatro días, aunque el de 1988 llegó a ocupar seis sesiones en dos semanas consecutivas. Era cosa seria. Con la llegada de Francisco Camps, quedó reducido a una pírrica versión del original y, desde entonces, no ha superado el par de días de duración. Curiosa -aunque nada extraña- relación entre la situación económica y la extensión del acto parlamentario: cuanto peor era el escenario social, más breve acababa siendo el tiempo dedicado a debatir ideas y soluciones.
Este año, los socios del tripartito y Ciudadanos han mostrado su desazón por el volumen de iniciativas presentadas por los populares: nada menos que 1.017 proposiciones. Les acusan de querer bloquear el debate con tanta faena porque, obviamente, no había intención alguna de alargarlo. Parece que los populares llegan al inicio de curso con ganar de tocar las narices a sus compañeros de pupitre. Pues no, leches, que hay que terminar cuando hay que terminar, o la cena se enfría. Y tampoco era cuestión de darle más días al asunto.
A buen seguro, la batería de propuestas del PPCV contendrá algo -o mucho- de morralla, y es posible que su defensa corresponda ante otros foros. De acuerdo, pero no es razón para rechazarlas en su totalidad, ni aun cuando su lectura se trate de un "ejercicio de masoquismo", como ha considerado alguna destacada diputada de Compromís. Otros, en un alarde de sinceridad, reconocen que ni se las han leído ni se las van a leer ¡Y luego vamos dando clases de democracia a otros parlamentos! En fin.
«No quieren trabajar», dice la portavoz adjunta del Grupo Popular, Eva Ortiz. Pues sí, parece que la mayoría de sus señorías no dan chapa. Pero ahora que a los populares les ha dado por mover el culo -por cierto ¿qué hacían antes?-, ya tienen faena para unas cuántas sesiones. ¡Ay, Señor! cuánto vago anda suelto.
