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Joaquín Rábago

Visiones

Joaquín Rábago

¡Así no!

Quisiera no tener que escribir últimamente un día sí y otro también sobre el llamado «Procés» y hacerlo en cambio sobre tantos otros temas que pudieran interesar a los lectores.

Pero las reacciones de las dos partes en el abierto desafío catalán al Estado y sus instituciones tienen para mí un efecto de provocación que me impelen a ocuparme una y otra vez de tan espinoso asunto.

Lo más reciente ha sido la decisión de un juez de suspender, a instancias del PP madrileño, un acto del colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir que debía celebrarse en un complejo municipal de la Villa y Corte.

Se trataba, según los convocantes, de debatir el dichoso «derecho a decidir», con el que el Gobierno de la Generalitat pretende llegar a la República catalana, arrollando a quienes intentan hacer al menos las cosas legalmente.

Según leemos en la prensa, el juez en cuestión dictaminó en contra de la cesión del espacio municipal para tal acto, sustentando su decisión en el hecho de que la soberanía de la nación española «reside en el conjunto de los españoles».

Podemos sostener esto último, que es lo que dice la actual Constitución, pero prohibir que el tema se discuta e impedir que puedan expresarse opiniones divergentes, aunque sea en un espacio propiedad del Ayuntamiento, no tiene nada que ver con la democracia.

Todo parece explicarse, sin embargo, porque el juez en cuestión es no sólo eso sino también parte al figurar su nombre entre los firmantes del manifiesto de Libres e Iguales, plataforma que se ha propuesto como objetivo movilizar a los ciudadanos contra «el secesionismo catalán».

¿De esa forma se pretende convencer a los ciudadanos catalanes y a quienes nos observan desde Europa que, contrariamente a lo que ocurre en aquella parte de España, aquí disfrutamos de una justicia imparcial y no politizada?

Y mientras tanto, en el otro lado, el Gobierno de la Generalitat sigue jugando al ratón y al gato con el central en su empeño por organizar su referéndum, una consulta ilegal y sin garantías que no hará sino aumentará la tensión y la desconfianza no sólo entre Cataluña y el resto de España, sino entre los propios catalanes.

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