Este verano de 2017 ha evidenciado una realidad: tenemos un problema con la limpieza de nuestras ciudades y con la recogida y gestión de los residuos.
En Sant Joan d'Alacant hemos conseguido desconvocar una huelga de basuras gracias a un esfuerzo conjunto entre trabajadores (que han rebajado sus pretensiones salariales iniciales), Ayuntamiento (que ha decidido aumentar con nuevas implantaciones como el ADN canino o el quinto contenedor la prestación del servicio) y empresa (que ha decidido usar una parte del beneficio empresarial en mejorar las condiciones de sus empleados). Con este convenio firmado para lo que resta de contrata, acabamos con la conflictividad laboral del sector en nuestro municipio. Pero el problema es más complejo.
Esta conflictividad es un problema heredado fruto de unos contratos negociados y firmados en plena crisis, en el que se primaba la baja económica, y con unos criterios de término municipal que no se corresponden con la realidad comarcal en la mayoría de los casos. La baja económica ha supuesto una merma de las condiciones laborales de los trabajadores y una bajada de la rentabilidad empresarial, lo que se traduce en una rebaja de la calidad de los servicios finales, que son los que al final afectan a la ciudadanía. Los criterios de término municipal reducen la eficiencia de los servicios en un momento en el que la subcomarca de la Huerta de Alicante se ha convertido en una conurbación en la que apenas hay espacio periurbano entre núcleos de población.
Como gestores públicos los alcaldes y concejales tenemos el deber de hacer que los recursos públicos se utilicen eficaz y eficientemente, no que los duros valgan cuatro pesetas. Pretender mejorar el servicio sin ampliar el presupuesto es hacer que los trabajadores de las contratas soporten de manera salvaje una austeridad impuesta que los ciudadanos no quieren. Para tener más prestaciones es necesario invertir más.
Asimismo, si no planificamos conjuntamente la gestión de residuos y la limpieza viaria, nos encontramos con el absurdo de tener dos contratas que dan servicio a la pedanía de Santa Faz o en la urbanización La Font, con trabajadores diferentes, destino de los residuos diferentes y condiciones laborales diferentes, algo que acrecienta la desigualdad y los agravios comparativos. También reduce la eficiencia del servicio y hace que en zonas limítrofes los ciudadanos no sepan a quién acudir cuando existe un problema con el servicio.
Porque en la comarca de l'Alacantí tenemos en la actualidad una contrata o servicio por cada uno de los municipios, independientemente de su tamaño, término municipal o distancia entre sus núcleos urbanos. Asimismo tenemos 3 vertederos, en Alicante, Xixona y El Campello, cada uno de ellos con una gestión diferente. ¿Es esto un uso racional de los recursos públicos?
Como presidente de la Mancomunidad de l'Alacantí lancé la reflexión sobre el servicio de desinsectación y desratización que prestamos. En 2013 se rebajó el contrato de lucha contra aquellos animales que pueden transmitir enfermedades, rebaja que ha hecho que ante la llegada del mosquito tigre y las cada vez más evidentes y seguidas olas de calor el importe de la contrata sea insuficiente. De esta manera, este servicio mancomunado necesita de nuevos insumos y recursos para ser eficiente, visión que comparten los vocales del pleno de la Mancomunidad.
Al ser un servicio mancomunado, un pequeño esfuerzo económico supone una gran mejora gracias a las economías de escala.
¿Podría ocurrir lo mismo con las contratas de limpieza y RSU?
Es el momento de reflexionar sobre un servicio esencial para la administración local como es mantener limpia la ciudad, la comarca, y hacer una gestión de residuos que contemple los principios de eficiencia y eficacia.
