El problema básico de la actual situación es si Cataluña tiene derecho de autodeterminación para segregarse de España formando un Estado independiente. Si lo tiene, puede exigir el derecho de hacer un referéndum y consiguiente declaración de independencia.
Y aunque según nuestra Constitución y Estatutos no existe ese derecho de segregación, dos son las circunstancias que han dado lugar al actual estado de la cuestión, promulgando una ley de referéndum ilegal y para el caso afirmativo una ley de desconexión con el estado español, siendo ambas leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional
En primer lugar, el idioma. Cuando se va a Portugal o Francia, sabemos que estamos en otro país porque todos los letreros públicos están en esos idiomas y no aparece por ningún lado el español. Igualmente en Cataluña, y sobre todo el interior, como Girona, todos los anuncios, letreros, señales, y en edificios públicos y en museos, están en catalán, ha desaparecido públicamente el castellano, y en todo caso junto al catalán está el inglés. Es consecuencia de la política de inmersión del catalán en las escuelas, así como de la exigencia del conocimiento con título oficial del catalán para el ingreso como funcionario o empleado en la Administración en Cataluña, y de las sanciones a comercios para que no se publiciten en catalán, sin necesidad de que se haga en castellano. Ya se intentó durante la II República dar preferencia al catalán en la Administración y enseñanza, pero fue vetada por los republicanos. En Cataluña ya no hay dos idiomas cooficiales, el preferente es el catalán, cuando esta cláusula de preferencia en sus Estatutos fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
El segundo elemento es el victimismo. Habiéndose concedido a la Autonomía la enseñanza, la tergiversación de su historia es sistemática, considerándose, y así se enseña a sus alumnos durante varias generaciones, que Cataluña es una nación sojuzgada por España, cumple perfectamente su función el lema repetido «España nos roba», o el reciente seminario oficial sobre «España contra Cataluña». Aunque su aportación al fondo de solidaridad territorial es de 9 mil millones, frente a Madrid que es de 19 mil millones.
Las consecuencias de la independencia de Cataluña serían muy graves. Al separarse de España, se excluiría de la UE, y consiguiente pérdida de la nacionalidad europea, libre circulación entre los países europeos, y protección diplomática y consular en cualquier parte del mundo de los países de la UE. Sería preciso unas fronteras no sólo con Francia, sino con el resto de España. Todo aquel que voluntariamente adquiriera la nacionalidad catalana perdería la española, según nuestras leyes, salvo convenio internacional, que seguramente no estaría dispuesto a otorgar el gobierno español. Por consiguiente, ningún catalán podría ser funcionario público en España y viceversa, ni votar ni ser elegido recíprocamente. Los títulos académicos y universitarios tendrían que ser homologados, y el comercio sería como entre países extranjeros sin tratados. Toda una serie de problemas y disparates entre regiones, países o nacionalidades que están juntas durante siglos, y que gozan de una autonomía muy amplia.
¿Entonces por qué toda esta convulsión? Los partidos de derechas para tapar sus vergüenzas de corrupción sistemática, amparándose en la bandera soberanista. Ya lo dijeron Puyol y Mas «no nos van a juzgar fiscales y jueces españoles, serán catalanes» (de los suyos). Y la supuesta izquierda nacionalista, porque de esta manera pueden gobernar con mayoría absoluta en las próximas elecciones, algo que nunca hubieran soñado. Esas son las cartas ocultas, aunque el juego parece estar sobre la mesa.
