Mucho se habla en todos los medios de comunicación y foros políticos y económicos de la financiación autonómica. Del absoluto desastre que para la Comunidad Valenciana es el actual sistema de financiación, que ningún partido quiere abordar y que nos arrincona como la región de España con menores ingresos e inversiones por cada uno de sus ciudadanos.

Y esa sensación de que cada año en la caja no entra el dinero que debería entrar es algo que en los municipios turísticos se ha convertido en una normalidad diabólica. Parece como si todo el aparato político de los grandes partidos nacionales ha heredado la filosofía del régimen franquista de que el turismo es algo folklórico y, legislatura tras legislatura, nos dejan una vez más en «pelotas» financieras.

Que la aportación del Estado a los municipios turísticos es una injusticia es algo fácilmente demostrable. Hemos rastreado algunas de las cuentas públicas y este es el resultado encontrado de una muestra seleccionada: mientras que los municipios turísticos más relevantes de Las Marinas reciben del Estado entre el 12% (Calpe) y el 17% (Benidorm) del total de sus presupuestos, Alcoy recibe un 31%, Sevilla o Zaragoza un 33% y Valencia un 39%. Y estos porcentajes son aportaciones dinerarias netas, sin tener en cuenta el resto de inversión pública en infraestructuras que se han materializado en los últimos años.

Y si nos centramos en el panorama de los más importantes municipios turísticos españoles, el «G8» constituido recientemente y del que Benidorm forma parte como único representante de la Comunidad Valenciana, no es mucho más alentador. Ninguno de estos municipios supera el 17% de aportación estatal al presupuesto y algunos, como Adeje, se quedan en un irrisorio 8,62%.

La corrección de la injusticia histórica de la aportación del Estado a los municipios turísticos es inaplazable si queremos que el sector turístico y los destinos turísticos se pongan al día y puedan competir de forma estratégica con sus competidores del Mediterráneo y del resto del mundo. Por no hablar, además, de destinos competidores virtuales, como el sector de cruceros, que acumula más de 3,6 millones de turistas en el primer semestre de 2017 y para el que se construyen millonarias infraestructuras, siendo paraísos fiscales flotantes.

En el caso concreto de Benidorm y de las dos Marinas, a todo esto se suma la falta de inversión histórica en infraestructuras modernas como puede ser una autovía, una N332 desdoblada, o un tren, llámese AVE o llámese tren de la costa, que nos uniera con el aeropuerto o en este caso el AVE. Hay que recordar que la única vía moderna de acceso a esta zona ha sido la autopista AP-7 que construyó la inversión privada hace más de 40 años y, desde entonces, no habido ninguna otra conexión con Europa ni por carretera ni por tren.

A las infraestructuras de transporte se suman las deficiencias de otras igual de importantes. El agua es otra necesidad no plenamente resulta y constituye la espada de Damocles de toda esta zona. Y no se nos puede acusar de derrochadores del agua, porque no sólo somos tremendamente eficaces en la gestión integral del agua, con el esfuerzo titánico de Benidorm y toda la comarca, sino porque además el coste de la depuradora de aguas se pagó casi en su totalidad del presupuesto municipal de Benidorm mediante una contribución especial a todos los habitantes, siendo un caso único en España.

Después de hablar de transportes y agua, como elementos esenciales de cualquier municipio, hablar de carencias en infraestructuras culturales, educativas, deportivas y congresuales podría resultar una broma. Pero es que falta todo eso. Cualquier capital de provincia de España cuenta con un Palacio de Congresos (salvo Alicante) y Benidorm, que es el tercer municipio peninsular en pernoctaciones hoteleras sólo detrás de Madrid y Barcelona, no tiene ninguna instalación de esas características medio digna.

Y por si todo esto no fuera poco, a esta fragrante injusticia se suma la genial idea de los sabios de Montoro que nos quieren aplicar una tasa turística como solución a los problemas de financiación, para más burla de la injusticia distributiva y más carga al alojamiento reglado.

Los destinos turísticos y el sector turístico estamos hartos de ser los palmeros de la economía nacional a cambio de un plato de lentejas. Que sí, que a todos se les llena la boca con el turismo, pero ninguno mueve un dedo por esta actividad y por los municipios que se la juegan todos los días. Así que menos pavonearse con cifras deslumbrantes y más hacer justicia con unos municipios turísticos que se lo merecen.

Que el turismo es ese pozo de petróleo que no cesa y que necesita actualizar su instalación para tener un rendimiento adecuado.

Que sólo pedimos que se nos incluya en los tiempos de la sostenibilidad competitiva.