El acceso universal a la protección social tiene una importancia fundamental en la protección de las personas y sus familias de las perturbaciones económicas, y además «favorecen la acumulación de capital y la inversión». «Es de hecho un estabilizador macroeconómico anticíclico reconocido». La de los menores contribuye «a poner fin a la transmisión intergeneracional de la pobreza». Esto recuerda la Secretaría General de la ONU en un avance dirigido a la 72 Asamblea General sobre la «Situación social en el mundo 2017: promoción de la inclusión a través de la protección social» (A/72/211).
«Al instar a los gobiernos a poner en práctica a nivel nacional planes y medidas apropiadas de protección social para todos, la Agenda 2030 consolida el consenso de la comunidad internacional respecto de la importancia fundamental de la protección social para el desarrollo inclusivo». La Agenda 2030 y sus objetivos de Desarrollo Sostenible son la continuidad del exitoso Plan de los Objetivos del Milenio que terminó en 2015. El propósito de la ONU es establecer un mínimo Estado del Bienestar, garantizar programas de protección social absolutamente necesarios para erradicar la pobreza y reducir la vulnerabilidad. La ONU estima «que en 2016 el 45,2% de la población mundial estaba efectivamente protegida como mínimo por un programa de protección social», aunque sólo el 23% de la población goza de una protección social amplia, se estima que entre 136 y 165 millones más de personas estarían viviendo en pobreza extrema en lo países de ingresos bajos y medianos si no contaran con protección social.
El informe intenta matizar los efectos en los distintos grupos sociales desfavorecidos. En 2016 un 35% de los niños están incluidos en la protección social. «Solo el 28% de las personas con discapacidad grave percibían prestaciones de discapacidad», y sólo el 22% de los trabajadores desempleados percibían prestaciones por desempleo (los datos son del Informe sobre el Desarrollo Sostenible 2017).
En 108 de los 183 países con datos suficientes los niños y las familias reciben prestaciones periódicas financiadas con ingresos fiscales (entre el 0,4 y 7,4% del PIB). Los jóvenes (15 a 24 años) duplican la tasa de desempleo media, y «generalmente en el sector informal con contratos temporales u otros contratos atípicos». Incluso, el 25% no están ni en el mercado de trabajo ni en el sistema educativo; «el diseño y la aplicación de las políticas suelen crear barreras de facto que dejan a los jóvenes sin cobertura». Sólo 20 países en todo el mundo conceden prestaciones por desempleo a los que buscan trabajo por vez primera; sin embargo, o bien por la edad, o porque ya no viven con sus padres, no tienen derecho. España se aproxima mucho a esta descripción, no parece en esto un país europeo.
Las personas de edad son el tercer grupo objeto de protección. «Las pensiones de vejez representan más de la mitad del gasto público total en protección social (excluidos los gastos de salud), o el 3,3% del PIB en todo el mundo». El 68% mayor de 60 años recibe pensiones de vejez; pero hay grandes diferencias en África subsahariana son el 22%. La cuantía está en torno al 63% de los ingresos anteriores a la jubilación. «Al aumentar la proporción de personas de edad, los gobiernos tendrán que buscar el equilibrio apropiado entre la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad a largo plazo».
Las personas con discapacidad se estima que son el 15% de la población mundial. La cobertura se basa en una combinación de planes contributivos y fiscales, y en general son insuficientes. Los planes deben garantizar un ingreso básico, pero garantizando el empoderamiento de los discapacitados y su participación.
En 2015 había 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo incluidos 21 millones de refugiados y tres millones de solicitantes de asilo. «Rara vez está incluida la igualdad en la protección social entre sus derechos», en contra de los mitos que corren estos días por las redes, «además, las leyes y reglamentos de los países de acogida suelen tratar a los migrantes de manera que violan sus derechos humanos fundamentales». Apenas el 23% estaba legalmente cubierto.
Los sistemas de protección social inclusivos deben ofrecer un conjunto mínimo de planes financiados con ingresos fiscales recomienda el Informe. La accesibilidad a los recursos, empezando por la información, los procedimientos, la adecuación y suficiencia son otros requisitos. La voluntad política es un factor fundamental para asegurar la protección social.
