El posesivo «nuestro» con el que he adjetivado en el título al Teatro Principal dice del sentimiento colectivo de los alicantinos hacia su teatro, ese destacado bien cultural que se encuentra en el corazón de la ciudad y en el de sus habitantes. Tanto su reseña histórica como su valor arquitectónico, unidos a las numerosas actividades que en él han tenido lugar, lo han vinculado afectivamente a muchas generaciones de alicantinos. Este sentimiento incluye al Ayuntamiento, pero, a tenor de lo visto, es difícil incluir en él a un banco sin raíces locales y con escasa o nula tradición en la atención socio-cultural, aunque este detente la propiedad del cincuenta por ciento del coliseo alicantino.
Veamos antecedentes. En 1984 el Ayuntamiento de Alicante, en armonía de intereses sociales y culturales con la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, y entendiendo ambos del interés público del Teatro Principal -con incierto futuro entonces- acordaron responsablemente su adquisición dejando constancia que era «determinante su participación, muy especialmente por el deseo de continuidad en la actividad de este singular Coliseo, que al efecto es parte de la historia alicantina». La propiedad se dividió en 64 participaciones de las que quedaron como titulares el Ayuntamiento (31), la Caja (31) y la Sociedad de Conciertos (2). Las dos de la Sociedad de Conciertos pasaron en 2009 a ser propiedad del Ayuntamiento y la Caja.
Se ha escrito estos días que la solución para el futuro de nuestro teatro sería que el banco se desprendiese de su cincuenta por ciento donándolo a la ciudad lo que lo convertiría en público. Dudo mucho que tal donación se realice. No olvidemos que es una entidad en la que gestos de esa naturaleza no concuerdan con lo que para ella es lo importante, su cuenta de resultados. Para sorpresa de muchos un banco, cuya actividad no creo que haya contemplado nunca inversión alguna destinada a las artes escénicas, se encontró en sus activos con el regalo frobkiano de la mitad de un importante teatro.
También se especula con que la Generalitat o el propio Ayuntamiento adquieran las 32 participaciones que posee el banco para su transformación en público. En orden a favorecer ese propósito aclaro que para que el teatro obtuviese la titularidad pública bastaría con que una sola de tales participaciones se traspasara al Ayuntamiento. Parecerá razonable decir que el precio simbólico podría ser un euro.
Ante cualquiera de las dos opciones, la actual de teatro privado o la posible de público, es ineludible analizar muchos aspectos, entre ellos los de orden económico, pues son éstos los que siendo suficientes y estables permitirán desempeñar bien su función a quien gestione el teatro. Tanto la titularidad privada como la pública tienen pros y contras. Decidir si conviene que el teatro sea de propiedad pública o privada ha de analizarse bien. Basándome en mi experiencia hago anotaciones al respecto.
Siendo privado el Principal tendría grandes dificultades para obtener ayudas que se reservan para teatros públicos. Recuerdo las dificultades que hube de sortear durante mi gestión para lograr que, excepcionalmente, el Ministerio de Educación y Cultura lo considerase de interés público y aportase ocho millones y medio de pesetas destinadas a solucionar problemas del aire acondicionado, dotar equipamientos de sonido y otras mejoras.
En su condición de privado la importante cantidad del IVA que soporta el teatro por pago de cachés y otros conceptos, se compensa con el IVA recaudado con la venta de entradas. Contrariamente, salvo cambios recientes en la legislación, el teatro siendo público no podría hacer tal compensación; habría de contabilizar como mayor gasto la cuantiosa cifra del IVA que satisface y abonar a Hacienda lo recaudado en la venta de entradas por el mismo concepto.
Para ambos supuestos -privado o público- habría que saber quienes contribuirían al sostenimiento del teatro y en qué cuantías. El Ayuntamiento solo podrá reclamar mayor contribución por parte del banco -y de la Generalitat- en la medida en que eleve las suyas.
Otra exigencia para el supuesto de teatro público sería conocer si la experimentada plantilla del teatro habría de pasar a la condición de funcionarios municipales con las repercusiones económicas y de todo orden que tal cambio supondría para los trabajadores y para los costes de la actividad.
La prontitud, casi inmediatez, con que se adoptan decisiones y realizan los trámites en el teatro, como son la contratación y pagos, ha sido siempre muy valorada por los agentes, distribuidoras y demás miembros de «la profesión» favoreciendo la relación con ellos -muy importante para las negociaciones-, y han prestigiado en el sector a nuestro Principal. Algo de esto podría resentirse si como teatro público todo hubiese de pasar por los filtros y necesarios trámites municipales.
Los déficits acumulados en la contabilidad del teatro, que según medios de comunicación ascienden a más de 800.000 euros, dificultarán gravemente el desarrollo normal de la actividad. No se puede trabajar en una gestión cultural de tan alta exigencia con esa deuda. Esto obligará a contar con permanente crédito financiero -si es que se logra por la peculiar personalidad jurídica de la Comunidad de Propietarios- o a anticipar en exceso la venta de espectáculos para hacer caja impidiendo de este modo los impagos y la paralización. Si la actividad llegase a suspenderse temporalmente los acreedores de la Comunidad de Propietarios del teatro podrían exigir a los titulares del condominio -Ayuntamiento y banco- el pago de las deudas, generadas por actos propios, ya que ambos forman parte de la Junta General, de la Junta de Gobierno y tienen incluso consejeros delegados. La solución, inmediata y razonable, para hacer viable la gestión artística y económico-administrativa del teatro es que los copropietarios saneen sus cuentas pagando la deuda acumulada.
En cuanto a los imprevistos que pudieran darse, deben felicitarse los copropietarios del coliseo alicantino porque no se hayan producido daños estructurales graves en el inmueble porque como titulares de un Bien Cultural de Relevancia Local estarían obligados, sin excusa alguna, a hacer frente a las reparaciones o rehabilitación. No cabría esperar ayudas siendo privado.
Hay un tema recurrente, el de la calidad en la programación, o en qué se entiende por programar bien. Afirmaba Marsillach que «el teatro es sólo bueno o malo y que la denominación de origen es lo de menos». Son irrenunciables la calidad y la diversidad, dos exigencias que hay que satisfacer, siendo deseable que ambas se enriquezcan con la creatividad y la innovación. Estoy convencido de que los directores-programadores siempre han querido presentar las mejores producciones escénicas, aquellas que en cada época hayan estado disponibles para ser representadas o en fase de proyecto. Hay temporadas en que surgen muchas y buenas producciones y otras no tantas. Las «cosechas escénicas» varían cada temporada y de ellas se nutren las programaciones. Contar con recursos suficientes facilita esa tarea.
Cualquier plan de viabilidad futura plantea dos exigencias: el pago de los déficits acumulados y el compromiso de Ayuntamiento, Generalitat y banco para aportar anualmente dotaciones económicas acordes con el nivel de exigencia artística que ha darse en nuestro teatro. La conversión a teatro público -si así se decidiera- se lograría con el traspaso al Ayuntamiento de una participación de las treinta y dos que posee el Banco. Es tiempo de profunda reflexión y de decisiones responsables. Nos va mucho en ello.
