La seguridad vial no sólo depende de la diligencia de los conductores y de las conductoras al volante. También las administraciones tienen un papel fundamental que no se limita a los controles de tráfico y las inspecciones. Todo eso está muy bien, pero no basta. La inversión en infraestructuras viarias es casi tan importante, en ocasiones incluso más. Por eso, no se encuentra ninguna explicación lógica al maltrato que históricamente ha sufrido la Comunidad Valenciana y, en particular, esta provincia en lo que a inversión en carreteras se refiere. La lista de infraestructuras pendientes o con deficiencias es interminable desde hace muchos años. Sin caer en victimismos estériles, la última decisión de Fomento habla por sí sola. El Gobierno de Rajoy llega a un acuerdo con el Ejecutivo de Puigdemont para bonificar tramos de la AP-7 entre Peñíscola y Tarragona. Sin embargo, deja fuera el ramal entre Alicante y València, fundamental para garantizar una conexión rápida y segura entre los municipios del litoral alicantino, sin necesidad de tener que poner al conductor en la tesitura de elegir entre dejarse una pasta para ir, por ejemplo, a Benidorm, o pasar por la N-332, que está considerada de las más peligrosas de España. Luego, habrá que ver si para 2019 el Gobierno central realmente cumple su promesa y la AP-7 pasa a ser libre y gratuita. Mientras tanto, no estaría de más que el Ministerio de Fomento allanara el camino a los conductores de esta provincia fomentando el uso de la AP-7 como una alternativa barata y, por encima de todo, segura. Cualquier otra decisión no se entendería, visto lo visto en Cataluña.
