Siendo la educación un asunto serio y grave, es obligado mantener en ella políticas mucho más responsables que las que parecen sostener los responsables políticos que juegan con aquella sin importarles lo esencial. La ideologización excesiva, la necesidad de destacarse imponiendo cada cual sus apariencias externas, el absurdo en el que entran con una pelea constante que afecta gravemente a la formación de los alumnos, está en la base de un sistema que hace aguas, empezando y terminando casi en unos jóvenes cargados de razones, engreídos en su papel de sujetos de derechos y carencia de obligaciones, cada vez menos formados en cultura general, que rechazan la idea de esfuerzo y que están siendo engañados por quienes los utilizan para conseguir sus objetivos inmediatos. La vida no es así y malo es favorecer ahora lo que el futuro les enseñará como equivocado.
La clase política desatiende sus obligaciones y utiliza la educación para destacarse y destacar sus apariencias ideológicas con medidas que quieren aparentar, pero que no sirven ni siquiera para establecer un modelo, pues son parciales y limitadas.
Todos saben que el sistema de enseñanza español, tras casi cuarenta años, está fuertemente asentado en un sistema público, uno semipúblico, los conciertos, y, otro, privado. Y que este sistema está arraigado en la sociedad, aceptado mayoritariamente y no discutido. Nadie prevé la desaparición de los conciertos, que los padres desean en su permanencia, que produce buenos resultados y que económicamente es rentable. Y ningún partido, cuando llega al poder, plantea su desaparición porque ni puede ante la falta de medios para sustituirlo, antes al contrario, lo fomentan en todas las CC AA, ni quiere, ya que la sociedad rechazaría una medida tan fuertemente, como digo, asentada en la forma de entender la educación plural y diversa.
En consecuencia, las medidas adoptadas por este gobierno autonómico, que se han traducido en la supresión de algunas pocas aulas de bachillerato concertadas, no son en modo alguno expresión de la idea de implantar un sistema público y general. Carece de un plan a medio o largo plazo para implantar el sistema público como única alternativa. Ni siquiera ha elaborado o no se conoce un estudio económico acerca de las posibilidades efectivas de la idea sobre la que gravita su programa y de su efectividad real.
La política seguida suprimiendo aulas de forma puntual no responde, pues, a un plan de implantación de un modelo público ajustado a un proyecto analizado, desarrollado y programado, sino solo a la intención de manifestar públicamente una ideología. No otra cosa cabe deducir de la realidad en la que nos movemos.
Y esa política de gestos, que se traduce en la supresión de aulas determinadas y que afecta a alumnos que han seguido su educación en un centro y quieren culminarla en el mismo, no parece que sea adecuada a la ley. Y ahí están las decisiones, reiteradas, del TSJ que ha resuelto adoptar cautelarmente la suspensión de la decisión, en lo que supone una resolución provisional, pero asentada en la apariencia de violación de la ley de tales acuerdos gubernativos.
Si a ello unimos las que se han producido en relación con la implantación del valenciano, igualmente suspendidas, habrá que concluir que la Conselleria de Educación bordea la ley en sus resoluciones y proyectos y debe moderar sus políticas que, se asuman o no ideológicamente, chocan aparentemente con la legalidad vigente.
No es radical ni se equivoca aquel a quien la ley parece asistirle. No matemos al mensajero. Si los tribunales apuntan la ilegalidad quien yerra es el que la vulnera, no quien apela al respeto a la ley. Pretender infringir la ley y exigir a los demás que acepten obsecuentemente atentar contra el Estado de Derecho, no parece un argumento sostenible.
Es poco aceptable que la educación esté constantemente en juego, viviendo una provisionalidad peligrosa para la certeza y la estabilidad que requiere la formación de los alumnos y el sosiego de los profesores y que todo se deba a decisiones de naturaleza ideológica que poco o nada aportan a la formación de un alumnado cuyo futuro está en juego y que no va a ser remediado con más valenciano o con la supresión parcial de los conciertos, ni con la educación para la ciudadanía o la de la religión. Lo que interesa a los políticos no interesa a la ciudadanía. La pugna en materia tan compleja, sin escuchar a los profesionales, a todos, es simple irresponsabilidad y ahí están los resultados.
En cualquier lugar, una Conselleria que se ha visto afectada por resoluciones judiciales adversas en tan poco tiempo debería reflexionar, incluso sobre la permanencia de sus cargos al frente, pues los efectos de los autos judiciales tienen como consecuencia la inseguridad del propio desarrollo de la actividad docente. Cuando no se respeta la ley y los tribunales lo advierten en reiteradas ocasiones, no cabe otro remedio que cambiar la orientación y advertirlo a quien no parece conocer cómo funciona el Estado de Derecho.
La Generalitat debe asumir la ley como referente de actuación. Otra cosa es que la cambie cuando pueda hacerlo. Pero, mientras tanto, obliga a todos, sin privilegios.
