En nuestra Comunidad no tenemos suerte con el tema de la financiación autonómica. Toda la vida, según nuestro himno oficioso, ofreciendo «nuevas glorias a España» y, a cambio, recibimos la peor financiación, por habitante, del Estado. Tal vez, si hubiéramos ofrecido menos y hubiéramos reclamado un poco más, estaríamos mejor.
El problema es que aquí siempre se ha reclamado a Madrid cuando mandan los «otros». Cuando mandan los propios se ha preferido «no molestar», no sea cosa que al que reclama se le castigue quitándolo de las listas o cosas parecidas. El último ejemplo de Isabel Bonig, responsable popular, con el tema de las inversiones de los PGE en la Comunidad es evidente. Ante la discriminación sufrida se quejó y tuvo que tragarse sus palabras, a los pocos días, más algunas otras de propina para dar ejemplo de que a los jefes no se les critica.
En época de Zapatero, el PP nos bombardeaba con que se nos discriminaba desde Madrid y el PSOE decía lo contrario. El modelo de financiación que había entonces es el mismo de hoy. Curiosamente ahora los papeles están invertidos. El que se quejaba ahora lo defiende y el otro, lo contrario. Y eso que el modelo todo el mundo reconoce que hay que cambiarlo, que necesita reformas y que es injusto con algunas CC AA, la nuestra entre ellas.
Pero no podemos continuar así. El País Valenciano es el gran perjudicado del sistema. El conseller Vicent Soler acaba de declarar que, con la liquidación correspondiente a 2015, nuestra Comunidad recibe 264 euros por habitante por debajo de la media española, siendo los más perjudicados de toda España. Nos está suponiendo una infrafinanciación anual de 1.300 millones de euros.
Con esta discriminación de financiación, unida a una gestión derrochadora en el Consell durante muchos años, la situación de las finanzas valencianas es muy preocupante. La Comunidad Valenciana cerró 2016 con una deuda de 44.658 millones de euros, habiéndola incrementado en 1.464 millones durante ese año, primero completo del nuevo gobierno. La deuda creció a un ritmo diario de más de 16 millones de euros. Es cierto que, en el primer trimestre de 2017, se ha reducido en algo más de 500 millones, pero a este paso?
Con márgenes tan estrechos para poder actuar, hay que ser muy rigurosos a la hora de invertir y concentrar los gastos allí donde sea más necesario y evitando nuevas discriminaciones. Llama la atención la noticia reciente de que, por parte de Ximo Puig y resto del Consell, el 76% de su actividad pública ha tenido la provincia de Valencia como escenario.
Siendo conscientes de las dificultades, de la herencia recibida, de la buena voluntad, etc., del nuevo Consell, preocupa que, a mitad del mandato, en ciudades como Elx, la tercera del País Valenciano, asistamos a problemas que inició el PP en su día y así fueron criticados, y que ahora se repitan: el cierre por las tardes, en julio y agosto, de los centros de salud adscritos al Hospital General; el tema del SAMU a Santa Pola; la persistencia de los barracones en instalaciones escolares; la falta de limpieza y adecuación de la pinada de La Marina, propiedad de la Generalitat; el escaso apoyo económico al Palmeral y Misteri; más agilidad para completar el mapa escolar y la red de espacios sanitarios y sociales; más medios humanos y materiales para la Administración de Justicia, etc.
Es frustrante que, cuando se nos dice que no hay dinero para atender esos temas, leamos noticias como las de IFA, que después de una gestión desastrosa, acabe una institución como esa con que no tiene ni para pagar el IBI y que el Consell se plantee, para salvarla y habrá que salvarla, hacerse cargo de unas deudas de unos 70 millones de euros que, junto a los casi 1.000 millones que puede acabar costando el otro «pufo» de Feria Valencia, demuestran lo fácil que es derrochar el dinero público por parte de irresponsables apoyados por los gobiernos populares que hemos tenido y que se han ido de rositas y que pague el que venga detrás.
Las elecciones se acercan y muchos problemas persisten. Nadie podrá decir que Elx pide privilegios. Nunca los ha recibido ni de Valencia ni de Madrid, mandara quién mandara. Hasta los terrenos de la Universidad Miguel Hernández los ha tenido que pagar el Ayuntamiento. Algo insólito. Ya sé que Puig y muchos otros han dicho que se nos recompensará por ello, lo que no sé es si ellos se acuerdan de eso, visto lo que nos llega de sus presupuestos.
Por eso hay que insistir: los recursos públicos son limitados. Hay que invertirlos bien y donde hagan más falta. Reclamar lo que nos parece justo debe ser una obligación de todos.
