Nuestra Comunidad debe aspirar a un modelo lingüístico educativo propio que tenga en cuenta nuestra historia, que es, al mismo tiempo y recíprocamente, la historia de nuestra lengua o nuestras lenguas, incluso la de aquella que no hablamos y que, precisamente, nos pone de manifiesto las razones por las que no lo hacemos.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado cautelarmente el conocido como Decreto de Plurilingüismo que establece y regula el modelo lingüístico valenciano en educación. Esta es siempre una mala noticia, ya que, generalmente, cuando se recurre a la judicialización de un decreto, es debido al fracaso de nuestros representantes políticos, que traducen su incapacidad de alcanzar acuerdos en la instrumentalización de la justicia con el fin de torpedear el decreto y su aplicación. Y es que, como señala el refranero, más vale un mal arreglo que un buen pleito, al menos, para los ciudadanos; ya que un decreto consensuado por los principales grupos en un tema tan importante como es nuestro modelo lingüístico educativo es siempre mejor, por muy deficiente que sea, que la vigencia incierta en virtud del gobierno de turno o la incertidumbre que genera su paralización por el TSJ. Seguramente, así nos ahorraríamos el patético cambio de rótulos tras las elecciones locales.

Hay que reconocer, sin embargo, que la posición inamovible y fosilizadamente adversa de la derecha valenciana, Partido Popular y Ciudadanos, ante el valenciano es, posiblemente, incompatible con cualquier consenso; más allá de su archiconocida defensa de la libertad; que no parece otra cosa que la libertad de perpetuar una situación histórica, consecuencia de una acción políticamente planificada y puesta en marcha por una dictadura que, cada día, parece estar, todavía hoy, más cerca de alcanzar su objetivo.

Por esta razón, la cuestión lingüística en nuestra Comunidad está para mí ligada a la democracia. Precisamente, ahora, que se celebra, efusivamente, su cuarenta aniversario en España y se reivindican los consensos de la Transición como esos actos de generosidad y de altura política que nos permitieron abrir un nuevo horizonte, deberíamos dejar de hacer de la lengua valenciana un enfrentamiento continuo y entenderlo como una ventaja que tenemos como sociedad: la posesión de dos lenguas oficiales.

Soy de aquellos que piensan que el plurilingüismo, la capacidad de expresarnos en varias lenguas, es siempre enriquecedora, incluso más allá de que esas lenguas sean habladas por más o menos personas en el mundo. Desgraciadamente, he sido educado sólo en castellano, viendo a mi madre, valenciano-parlante, hablar con su madre y hermanos en valenciano, y en casa sólo en castellano, porque le habían hecho creer que el valenciano era una lengua menor o incluso que no alcanzaba la categoría de lengua. Precisamente, por esta razón, hemos querido que nuestros hijos estudien en valenciano, porque, además de que la educación plurilingüe está relacionada con un mayor desarrollo cognitivo, no implica, en ningún caso, el desconocimiento del castellano. Como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, el nivel de castellano de los alumnos catalanes no es menor que el de otras comunidades donde sólo tienen el castellano como lengua oficial.

El Decreto del Consell posibilita que cada centro elija a través del consejo escolar, donde está toda la comunidad escolar representada y, por tanto, dentro de su contexto territorial, el nivel de plurilingüismo. Esto determinará el número de horas lectivas de castellano, valenciano e inglés como materias propias y, además, el tratamiento de éstas como lenguas vehiculares en materias no lingüísticas, es decir, la enseñanza de asignaturas como tecnología, historia, etc., en una de estas tres lenguas. Por lo tanto, no podemos hablar de imposición. El grado de plurilingüismo vendrá, por tanto, marcado por la decisión de la comunidad educativa. Cuando el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular habla de ese derecho a la libertad de elección -por cierto algunas organizaciones de las que forman este foro son las misma que hablan de la libertad de elección de centro- me pregunto por qué no el derecho a la libertad de estudiar sólo en inglés, en chino, o de decidir qué materias estudiar y cuáles no, por ejemplo.

El punto conflictivo del decreto está en el hecho de que cuanto mayor nivel de plurilingüismo hay en un centro mayor debe ser la presencia del valenciano. Es decir, no se puede ofrecer un plurilingüismo basado sólo en castellano e inglés con una presencia mínima de valenciano, lo que se interpreta como una imposición o un discriminación para aquellos centros que no opten por el mayor nivel de plurilingüismo. ¿Puede ser de otra manera sin que se ponga en riesgo la pervivencia del valenciano? El valenciano no es una asignatura más, sino nuestra lengua, también de quienes no la hablamos cotidianamente, porque es el vehículo por el que se trasmiten una parte fundamental de nuestra historia y nuestra cultura. Yo, al menos, tengo el propósito de intentar enmendar con mis hijos la injusticia que sufrieron y vivieron mis padres y que, en cierta manera, he heredado en forma de ignorancia lingüística que, aunque torpemente, intento suplir.

Dicho lo cual y apelando a la altura de miras y a la generosidad, pido al Conseller d'Educació, Vicent Marzà, que reconsidere una ampliación de la moratoria para los profesores interinos que no han alcanzado el nivel de conocimiento del valenciano y que se verán expulsados de las listas, a pesar de haber servido a la Conselleria siempre y donde los ha necesitado.