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Dos reyes y un protocolo

La ausencia de Juan Carlos I en el 40.º aniversario de las primeras elecciones democráticas

El entretenimiento polémico de la semana pasada fue la ausencia del Rey emérito en la conmemoración del 40.º aniversario de las primeras elecciones democráticas después de la Dictadura. Unas elecciones, aquellas del 15 de junio de 1977, que abrieron una etapa histórica, la llamada Transición, en la que Juan Carlos I tuvo un papel relevante en la medida en que cedió una parte de los omnímodos poderes heredados de Franco para convertirse en un monarca constitucional. Y tan relevante fue que algunos de sus hagiógrafos gustan de atribuirle la condición de "motor del cambio", como si él solo hubiese sido el impulsor del movimiento social a favor de un régimen democrático que había ido ganado adeptos entre buena parte de la ciudadanía española, pese a la feroz represión ejercida por el aparato político del franquismo.

Su ausencia no dejó de sorprender y hasta el líder de Podemos, señor Iglesias, que es un conspicuo partidario de la República, se manifestó extrañado de que no figurase en la amplia lista de invitados, entre los que se encontraba una nieta de La Pasionaria. Pero más extrañado todavía se hizo notar el viejo Rey, que a través de círculos de su influencia transmitió un enfado de grueso calibre por lo que unos calificaron de "lamentable olvido protocolario" y otros directamente de "veto". La cuestión ahora es saber de quién es la responsabilidad por esa ausencia. El Gobierno fue el primero en lavarse las manos.

"El acto lo organizó el Congreso de los Diputados con la Casa Real y por lo tanto el Gobierno respeta la separación de poderes", se excusó el ministro portavoz, señor Méndez Vigo. Y algo parecido argumenta la presidencia del Congreso al decir que en los actos en que interviene el Monarca las instituciones se ponen al servicio de la Casa Real. Descartados el Gobierno y la Presidencia del Congreso quedaba el Rey Felipe VI como único responsable de la ausencia de su padre, el Rey Juan Carlos I, lo que nos situaba ante una crisis institucional y familiar al más alto nivel. Pero del palacio de La Zarzuela tampoco salió una aclaración oficial sino oficiosas -y confusas- explicaciones que remitían de nuevo el caso a la presidencia del Congreso, que era la que actuaba como anfitriona. Estos días hemos leído numerosas interpretaciones sobre las compatibilidades e incompatibilidades protocolarias que provoca la existencia de dos reyes y sobre la incomodidad del uno cuando está presente el otro en el mismo acto. Lo que ha dado pie a que algunos intérpretes sugieran la conveniencia de una regulación más precisa que evite los conflictos.

Claro que esa falta de regulación afecta a casi todo lo referido a la figura del Monarca casi 40 años después de aprobada la Constitución, lo que revela una inconsciente apuesta política por la provisionalidad de la propia institución. Recuérdense, las urgencias (y las chapuzas) legislativas que hubo para dotar de aforamiento al Rey Juan Carlos I a raíz de su abdicación mediante unas enmiendas a la Ley de Racionalización del Sector Público. Pasó de tener inmunidad a una fugaz desprotección.

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