La Declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI), cuyo borrador se ha difundido, apunta a la autoría de Carles Pi i Sunyer, un conocido jurista. Vicepresidente del TC en su día, se encargó de elaborar las líneas maestras de la reforma del Estatut y asesora desde entonces a las fuerzas independentistas.

Pi i Sunyer pasa por ser un fino jurista, atrevido en sus interpretaciones y creativo en sus análisis. Muchos creímos durante algún tiempo que su papel consistía en llevar a cabo una interpretación de la Constitución para ensanchar el campo de la autonomía de Cataluña. Ya no podemos decir lo mismo: si es verdad que el borrador del DUI existe, lo que nadie pone en duda, pese al desmentido de PdeCAT con su peculiar disimulo, y que él es el autor principal, entonces Pi i Sunyer no puede presentarse bajo la etiqueta de jurista, sino de político. Ningún jurista se atrevería a rubricar semejante texto y hacerlo pasar por un texto jurídico. Se revela así la inquietante función de quienes utilizan el Derecho como mero instrumento legitimador de decisiones e intenciones políticas.

Porque el conocido borrador, urdido en secreto, en connivencia con un Parlament que hace del secretismo su divisa, es rotundamente inconstitucional, antijurídico, antidemocrático, violador de toda la legalidad vigente, de arriba abajo. Desconoce los más elementales principios de convivencia y vulnera derechos individuales y colectivos. Más les valdría a sus autores reconocer que el ejercicio de imaginación del que hacen gala no es otra cosa que su sometimiento incondicional a los partidos y a los dirigentes independentistas en su locura soberanista.

El texto, desde el punto de vista político, es un chantaje en toda regla al Estado, que no es otra cosa que la organización que nos hemos dado todos los ciudadanos y ciudadanas. En su fantasía delirante, declara las intenciones autoritarias que se proponen llevar a cabo, caso de alcanzar la independencia, sometiendo a todos los poderes, funcionarios e instituciones, incluidos los medios de comunicación, a una dictadura nacionalista rancia, excluyente y antieuropea.

Todas estas pretensiones van a encontrarse de frente con el pìlar de la Constitución, que garantiza la convivencia democrática, el valor no manipulable de nuestros derechos de ciudadanía, y la soberanía del pueblo español. La Constitución prevalecerá, de eso no hay duda y con ella el significado profundo del Derecho que alberga. Todo es posible dentro de la Constitución, que a todos ampara, incluida su reforma; nada fuera de ella.

En su loca carrera hacia la nada, la antigua Convergencia, un partido lastrado por la corrupción, hoy rebautizado como PdeCat, va sin frenos hacia su propia destrucción, cuyo principal beneficiario va a ser Junqueras. Una vez desvelada la falacia de que Puigdemont y los suyos quieren negociar, pero lo que ofrecen como objeto de la negociación es la ruptura de la Constitución (es decir, nada que se pueda negociar) y, por tanto, imponer a la trágala la declaración unilateral de independencia a través del DUI, se activarán todos los resortes del Estado para sancionar, inhabilitar y dejar sin efecto todas las medidas, resoluciones y decisiones que se adopten al margen de la ley. Esto lo saben.

Como acompañantes principales de la DIU (que prevé la aprobación por el Parlament de tres leyes, una de «transitoriedad jurídica», otra de «estructura del Estado» y una tercera de «proceso constituyente») figuran otras fuerzas nacionalistas más o menos camufladas y, sobre todo PODEMOS, un partido que ha abandonado los postulados de la izquierda y se apresura a convertirse en la muleta del soberanismo, para mantenerse a flote.

Cuando toda esta farsa termine, lo único que el soberanismo habrá obtenido es tierra calcinada.