Queremos pensar que tenemos una legislación que protege a nuestros niños. Sin embargo, los jueces no interpretan en la mayoría de los casos que la violencia machista que tiene a una mujer como primera víctima también tiene otras víctimas menores. Por ello, las medidas de protección que se dictan en un juzgado para proteger a la mujer de su maltratador no suelen incluir a los hijos, consecuencia de poner por delante del bienestar de los menores el, al parecer, sacrosanto derecho a la patria potestad. Es como si los menores pervivieran en un limbo al margen de la realidad y a ellos no hiciera falta protegerlos contra las casi siempre terribles consecuencias, psicológicas o incluso mortales, de ser hijos de alguien cuya conducta no le hace ser merecedor de la condición de padre.
Y eso que aquí tenemos una gran conciencia social y una legislación 'progresista'. ¿Qué será entonces donde no la tienen? Analicen el caso que hoy contamos en estas páginas de la mujer chilena Vanessa Skewes, obligada a regresar a su país, de donde huyó, con sus hijos, de un marido maltratador con orden de alejamiento que amenazaba con matarla. Vanessa consiguió rehacer su vida en Alicante, pero de nada ha valido. Poco podía esperarse de la justicia de Chile, a la que ahora le importan más los derechos del padre que los derechos de sus hijos (pese a que cuando le ordenó que no se acercara a su mujer le considerara un asesino potencial). Pero la española tampoco le ha ido a la zaga: obviando las circunstancias que rodean al caso, ha empaquetado a los niños para mandarlos a Chile con el hombre que ya amenazó con quemarlos en una ocasión.
¿Pasaría aquí lo mismo? ¿Creen que no? Pues pasa, pero de otro modo. Vivimos una absoluta ficción jurídica en España con este tema. Se aprobó una Ley de la Infancia que intentaba proteger a los niños de padres culpables de violencia machista. Está aprobada y vigente. Pero de poco valen las leyes si luego no se aplican cuando corresponde. A las pruebas me remito: de los 32.031 casos de mujeres a los que en 2016 se les reconoció la condición de víctima de violencia machista (datos del primer semestre del año) solo en 35 casos le fue retirada la patria potestad al agresor (el 0,1%). Hemos de entender que en esos 31.996 casos restantes ha habido jueces que entendieron que una persona que maltrata a su cónyuge puede aún ser un buen padre. Ya se sabe: la sangre es más espesa que el agua y en cosas de familia, mejor meterse lo justo.
