España habrá de pagar 243 millones al fabricante Airbus como penalización por la renuncia a parte de la compra de 27 aviones de transporte A400M, aeronaves que se comprometió a adquirir en la pasada legislatura. Lo acaba de revelar el secretario de Defensa, Agustín Conde. El Ministerio firmó la compra de catorce aparatos (5.018 millones de euros) a recibir antes de 2022 y otros trece tres años después. Sin embargo, ahora declara que estos últimos son innecesarios o "no operables" y acepta abonar 243 millones para compensar la cancelación. Al tiempo no piensa reclamar indemnización por el retraso de entrega que reconoce el gigante constructor. Digamos que esta "multa" se añade a los 1.834 millones que Defensa ha de abonar de la factura de 2016, perteneciente a los Programas Especiales de Armamento (30.000 millones), de los que faltan aún por pagar dos terceras partes. Lo revelado días pasados en el Parlamento ha hecho que surjan las preguntas que se hace con frecuencia el contribuyente -tachadas casi siempre de demagógicas- en el sentido de para qué sirven esos aviones, ese armamento tan costoso para el erario español. ¿Alguien podría invadir territorio español en este siglo XXI? ¿Contra quién se utilizarían los tanques, cazas y demás armamento sofisticado que tiene y espera el Ejército español? ¿Sería utilizable para apagar incendios, reparar catástrofes naturales, reprimir levantamientos populares? Las respuestas siempre son ambiguas, imprecisas y con alusión a instancias superiores. ¿De quién nos defenderían nuestras fuerzas armadas? ¿A quién atacaría nuestra marina, nuestra aviación? Personalmente me es difícil encontrar una respuesta que no sea una disculpa, la ocultación de unos intereses industriales, corporativos, privados. Recurro a mapas geográficos, políticos, económicos, estratégicos y no encuentro respuesta convincente. Normalmente señalan un interés. Y responsables de políticas industriales, económicas o estratégicas suelen responder con argumentos más ambiguos que prácticos y no comprobables. Las respuestas sobre la conveniencia del rescate de la banca apuntaron a que sin el buen funcionamiento de esas entidades, con ellas en dificultades o en bancarrota, el país no funcionaría. Los matices de algunos argumentos parecieron hacerlas aceptables. Otra cosa sería quién debería asumir ese rescate. En cambio, si preguntamos por la utilidad de un sofisticado carro de combate, de un "tanque", en nuestro territorio nacional el silencio suele ser clamoroso. O nos dicen simplemente que se fabrican para la exportación y que la industria armamentística española aporta cantidades apreciables a las arcas del Estado. Contestación aceptable para muchos interesados aunque detrás está la polémica de a quién se venden esos vehículos de ataque, potentemente destructivos. ¿Ejércitos, guerrillas, dictaduras, democracias€? ¿Dónde y contra quién los emplearían las fuerzas armadas españolas en territorio nacional? ¿Contra manifestaciones ciudadanas, terroristas, invasores extranjeros€? ¿Cuál es el interés en ese enorme gasto? El Estado Español, que en los últimos tiempos ha reducido su presupuesto en cooperación internacional, mantiene tropas en bastantes lugares en conflicto. Son tropas de pacificación y de adiestramiento para la recuperación de la paz. Soldados que separan contendientes y ayudan a la población a recobrar la vida cotidiana sin choque entre facciones rivales, entre etnias hostiles; son destacamentos de reconstrucción, brigadas para restablecer la concordia y proteger a las gentes de los abusos de los vencedores. El Ejército español no va a combatir a Líbano, a Irak, a Turquía, a diversos países de África o del ismo americano sino a pacificar. Va a adiestrar a ejércitos nacidos tras el final de los combates, a reconstruir territorios destrozados por la guerra, infraestructuras, escuelas, mercados. ¿Para qué los carros de combate, los carísimos aviones de caza? Mientras, tras muchos recortes en educación, sanidad, dependencia, recursos contra la violencia de género, los nuevos Presupuestos del Estado que han previsto un récord en recaudación solo destinan porcentajes de aumento de una cifra a dichas necesidades de la población.
