os que recordamos el nivel de atención mediática y la alarma social que provocaron los casos de corrupción habidos en los dos últimos años de gobierno de Felipe González antes de que el Partido Popular se hiciese con el poder central en 1996, no podemos evitar nuestra sorpresa al observar la diferente apreciación que la sociedad ha tenido y está teniendo de los gravísimos casos de corrupción que afectan al Partido Popular y que están siendo investigados por juzgados de media España con especial atención, dada su cuantía, en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid.

A pesar de que los escándalos que se suceden en el seno del Partido Popular sean mucho más graves que los producidos en la última etapa socialista de González no parece que estén teniendo el mismo castigo en las urnas. De ello se ha dado cuenta el Partido Popular -y sobre todo Mariano Rajoy- que ha apostado por dejar pasar el tiempo y por ponerse de perfil como la mejor solución que evite el castigo electoral de lo que a tenor de la catarata judicial en que se halla inmerso el Partido Popular debería haberse producido dado que nos encontramos ante el mayor conglomerado de corrupción generado en la Europa actual.

La diferencia entre los casos de corrupción que surgieron en los últimos años de gobierno socialista -antes de la llegada de José María Aznar- y la enorme bola de nieve de corrupción que comenzó a crecer en cuanto el Partido Popular se hizo con varias Comunidades Autónomas fue que, en el caso socialista, afectaron a personas individuales que o bien se aprovecharon personalmente o lo hicieron en beneficio de familiares, como fue el caso de Luis Roldán. No hubo, por tanto, una organización que ubicada en las sedes socialistas se dedicase al cobro de mordidas a gran escala a cambio de contratos públicos, ni sobresueldos generalizados a los principales dirigentes de la cúpula del partido, ni tramas adyacentes que se dedicasen a organizar eventos del PSOE pagados con dinero público o proveniente de mordidas. Es decir, no hubo una trama Gürtel ni un Luis Bárcenas con hasta 48 millones de euros ocultos en bancos suizos.

A ello hay que sumar el desparpajo con que varios diputados del PP se dedicaron durante años a una supuesta labor de asesoramiento empresarial a cambio de generosas igualas que en realidad no escondían otra cosa que pago de mordidas por intermediar en el Congreso de los Diputados para conseguir que las empresas que tenían a sueldo a estos diputados del Partido Popular consiguiesen que los Presupuestos Generales de Estado les fueran favorables. Sonados casos como el de Vicente Martínez Pujalte -que ganó millones de euros asesorando verbalmente a empresas afines al PP-, Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui o Federico Trillo.

La actitud de Mariano Rajoy ante todos los casos de corrupción sometidos a investigación judicial como si no fuera con él, como si en realidad se refiriesen a otro partido político, supone un profundo desprecio hacia sus votantes y hacia la misma esencia de la democracia que exige una explicación suficiente y, como mínimo, una petición de disculpa a la ciudadanía. En vez de ello ha adoptado Rajoy la actitud del que ve llover y ante la pregunta de qué le parece todo lo que está aconteciendo en la Audiencia Nacional de Madrid respecto al juicio del caso Gürtel contesta que a él «estos líos» no le interesan y que en vez de preguntar sobre ello continuamente los periodistas lo que deberían hacer es dejarle fumar en paz un buen puro.

Especialmente indignante resultó la respuesta que dio el de momento presidente del Gobierno cuando se conoció el demoledor informe del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Gobierno de José María Aznar en el caso del Yak-42. Decir que el informe -que no había leído, según dijo- se refería a algo que había sucedido hace «muchísimos años» resultó de una empatía tan escasa que lo hizo aún más grave si se tiene en cuenta que, en el momento en que los militares murieron y fueron erróneamente identificados producto de las prisas por cerrar el caso cuanto antes y las chapuceras manera de llevarlas a cabo, Mariano Rajoy era vicepresidente del Gobierno, puesto político que dada la actitud que ha mantenido desde el año 2003 le impidió, al parecer, pedir al ministro Federico Trillo las aclaraciones y explicaciones exigibles. La reciente reunión con los familiares sólo ha servido para remarcar sus años de silencio y ninguneo.

El falso estado de perenne inopia en el que se ha instalado Mariano Rajoy para no dar las explicaciones que se le deben exigir a cualquier responsable político al que le surgen casos de corrupción un día sí y otro también debería ser castigado en las urnas toda vez que con la aparición de Ciudadanos los votantes conservadores tienen una nueva formación con la que poder exigir al principal partido conservador el cumplimiento de un mínimo estándar democrático.