Nada menos que doce años han transcurrido desde que el TSJ emitiera la sentencia obligando al Ayuntamiento de Alcoy a reformar la plaza de la Rosaleda, y todavía se sigue discutiendo si será necesario o no derribar la planta superior del parking subterráneo. Estaría bien que de una vez por todas, como empieza a suceder ahora, se cogiera el toro por los cuernos y se solucionara un conflicto que ya empieza a sonrojar. Está claro que el problema es económico, pero también que hay unos responsables claros de este desaguisado y que, de momento, se salen de rositas.