Un disparate total y absoluto, y más en pleno siglo XXI. Así se puede resumir la última ocurrencia de nuestros legisladores: la de exigir a las personas con «deficiencias sensoriales» una autorización médica para que puedan casarse. La barbaridad es de tal calibre que, ateniéndose de forma literal a la nueva redacción del artículo 56 del Código Civil, no sólo ciegos y sordos tendrían que pedir permiso al médico a partir de junio para poder dar el sí quiero, sino que, puestos a pedir certificados, también se le podrían exigir a aquellas personas con baja visión o con una capacidad auditiva limitada. Sin palabras. Afortunadamente, la lógica se ha impuesto y el Ministerio de Justicia ha reculado, aunque a medias, a través de una circular que delimitará esa autorización a casos excepcionales. No cabía otra. El dichoso artículo ya no sólo es una discriminación en toda regla, sino un atentado contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mal vamos si quien dicta nuestras leyes es de la opinión de que alguien con problemas visuales o auditivos no es capaz de saber qué es eso del matrimonio y, por tanto, necesita del permiso de un médico que acredite que esa persona está facultada para poder dar su consentimiento. Dicho esto, no sé qué es más grave: si que realmente se haya introducido esa modificación en el Código Civil a conciencia, con todo lo que eso implica, o que directamente haya sido un error producto del copia pega de otra ley, como se ha argumentado desde determinados foros. Tanto uno como otro extremo es bochornoso... Casi tanto como que la oposición se haya tragado esta discriminación durante año y medio, y no haya abierto la boca hasta que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otros colectivos han puesto el grito en el cielo. Lo peor es que, encima, van y meten la pata en el Código Civil, la norma que precisamente regula casi todos los aspectos importantes de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Cuanto menos, nos merecemos una explicación por parte de nuestros legisladores. Nos merecemos eso y que se pongan a trabajar ya en la reforma de la ley de manera inminente. La circular no deja de ser un parche, y los parches no valen en un sistema que aspira a garantizar la seguridad jurídica de todas y todos, incluidas, como dicta el sentido común, las personas con discapacidad.
