La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los magistrados José Daniel Mira-Perceval, María Dolores Ojeda y María Amparo Rubio, dictó el pasado martes auto por el que confirma la resolución previa del juzgado de Instrucción y archiva definitivamente el denominado «caso Rabasa», en el que estaban acusados de varios delitos graves, entre ellos los de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, el empresario Enrique Ortiz y la exalcaldesa Sonia Castedo, además de otros.
El fallo judicial, en el sentido en que se ha producido, era esperable. Pero no por ello es menos importante. Porque el carpetazo no se da ni por prescripción ni por vicios que pudieran conducir a la nulidad de lo investigado, cuestión ésta última de la que la sala hace mención expresa en lo que podría interpretarse como un lamento velado por no haber podido entrar en ella que es, al mismo tiempo, todo un aviso para navegantes. Lo que ni vieron los titulares del juzgado de instrucción repetidas veces antes, ni han visto ahora los tres magistrados de la Audiencia, es delito alguno. Lo cual es relevante porque fue la imputación en este asunto la que precipitó la dimisión de Castedo en diciembre de 2014; es decir, la que cambió el orden político en Alicante medio año antes de que se celebraran elecciones municipales.
No estoy diciendo que Castedo debía haber seguido en la Alcaldía. Cualquiera que repase la hemeroteca de este periódico puede comprobar que en estas páginas se pidió su dimisión mucho antes de que ésta se produjera, por la sencilla razón de que su posición política era insostenible y perjudicaba a la ciudad, paralizada por su proceso judicial. Es la tantas veces repetida diferenciación entre la responsabilidad política y la penal, que nada tienen que ver.
Tampoco sostengo que el plan Rabasa fuera un plan admisible para esta ciudad. Todo lo contrario: este periódico fue el primero en denunciar el disparate que suponía y la grosera forma en que fue aprobado por el PP y el PSOE en el pleno del Ayuntamiento, justo antes de pasar al siguiente punto y aumentarse todos el sueldo y los asesores. El Tribunal Superior de Justicia dio luego la razón a quienes así pensábamos, declarando la nulidad de dicho plan.
Pero de lo que el Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el propio PSOE acusaban en Rabasa a Castedo (también a Ortiz, pero en términos de notoriedad ciudadana la cuestión que importa es la de la exalcaldesa) no era de un comportamiento indecoroso, de falta de ética o de bloquear las instituciones, que de todo eso hubo. De lo que le acusaban era de ser una corrupta. Ella misma -con su contrastada querencia por el peligro- compareció hace sólo unas semanas en un programa de televisión para decir que la gente siempre la consideraría ya como tal: una corrupta. Bueno, pues disculpen el juego de palabras facilón, pero visto el auto de la Audiencia es de justicia decir que, en esto, Castedo no fue corrupta.
Cualquiera con un mínimo de responsabilidad y sentido común podía darse cuenta de que el sumario de Brugal, del que se desgajan piezas como la de Rabasa, contenía un batiburrillo de conversaciones grabadas a lo largo de varios años que, en una sociedad pequeña como la alicantina, iban a convertirse de inmediato en un arma de destrucción masiva. Y así fue: desde el principio las sospechas se presentaron como certezas, la verborrea sustituyó a las pruebas y el reality show hizo parecer contemporizadores y pusilánimes a quienes intentaron sostener cada denuncia sobre la base de información contrastada. Sólo un ejemplo, de los muchos que pueblan el auto: sostenía la acusación que los asuntos de Ortiz se abordaban en reuniones municipales sin estar entre los puntos previstos y con carácter de urgencia, planteándolo como algo inhabitual y que reforzaba por tanto la tesis de que el constructor mandaba y el Consistorio obedecía. La resolución judicial, indica, sin embargo, que sólo en un año -2010- el Ayuntamiento celebró 48 sesiones de junta de gobierno en las que, figurando 543 temas en el orden del día, se incluyeron sobre la marcha otros 258, de todo tipo, que fueron tratados y aprobados. No era, pues, una práctica inhabitual sino, en realidad, el pan nuestro de cada día. Recuerda ese párrafo del auto a otro, contenido en un informe de la unidad policial que investigó todo el asunto, en el que el agente redactor decía que una prueba de que los acusados procuraban mantener en secreto sus encuentros era que cuando Ortiz visitaba por las tardes el ayuntamiento entraba por la puerta de atrás. En el Ayuntamiento de Alicante, por las tardes, sólo hay una puerta por la que se pueda entrar: la de atrás. El resto permanecen desde hace años cerradas a partir de las 3.
Pero Castedo tiene todavía pendiente otro asunto desgajado de Brugal, el relativo al Plan General de Ordenación Urbana. No es difícil adivinar qué va a ser lo próximo que ocurra en este otro caso: el juez instructor, Manrique Tejada, que no puede aguantar por mucho tiempo más la pieza sin tomar una determinación, dictará próximamente auto pidiendo el enjuiciamiento de los encausados, en el que con toda seguridad acusará a la exalcaldesa también de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y no sé si alguna cosa más. ¿Me lo ha contado el juez? No. Es simple lógica: no iba a llegar hasta aquí para ahora desdecirse y dar carpetazo a un procedimiento que, con sus idas y venidas al Tribunal Superior, lleva danzando nada menos que ocho años.
No sé lo que pasará después, pero a la vista de lo sucedido con Rabasa -y teniendo en cuenta que el sustento de todo es el mismo: unos pinchazos telefónicos que se inician en 2007 y se prolongan por espacio de tres años, que contienen conversaciones escandalosas pero que hasta ahora no se han concretado en hechos punibles-, habría que ir pensando en la posibilidad de que el mayor caso de corrupción investigado en la historia de Alicante quede reducido, con condena o sin ella, a una fiesta de pijamas y un viaje en barco. Sea como sea, luego habrá recursos. Así que esto acabará acumulando lustros. Con razón la maldición reza aquello de «pleitos tengas, y los ganes».
Entre tanto, el PGOU que todavía rige en la ciudad de Alicante cumplirá dentro de un trimestre la friolera de treinta años. La ordenación de Rabasa lleva doce años sin solucionarse y la posible inversión de la multinacional sueca Ikea en la ciudad acumula otros ocho paralizada. Y nada indica que alguna de estas tres cosas vayan a salir del atasco en esta legislatura, a pesar de que aún queda más de la mitad por consumir. Así que no deja de resultar un sarcasmo que digan que todos los males de Alicante provienen de la construcción. ¡Qué va! Si precisamente tenemos algo demostrado aquí es que para construir no servimos. Demoliendo sí que somos buenos. Los mejores.
