La Comisión Europea (CE) estima que España tendrá que hacer en 2017 un ajuste de 7.700 millones de euros para cumplir con su compromiso de reducir el déficit al 3,1% del PIB, puesto que si el Gobierno no toma medidas, prevé que el desvío llegue hasta el 3,8%. Así lo ha reflejado este miércoles el Ejecutivo comunitario en sus perspectivas macroeconómicas de otoño, que actualizan los datos presentados en mayo en apartados como el crecimiento, el déficit, el paro o la deuda, y que servirán como base para las futuras decisiones económicas que la institución debe tomar respecto a España y otros socios europeos.
El nuevo Gobierno de nuestro país, que, por cierto, recientemente ha eludido ser el primer socio multado por incumplir con sus objetivos de disciplina fiscal, ha reafirmado en los últimos días su «firme compromiso» de respetar las nuevas metas asumidas, en palabras del titular económico Luis de Guindos. Pero para ello, y si se hacen realidad las proyecciones de Bruselas, deberá encontrar el modo de introducir en los presupuestos para 2017 -aún pendientes de ser presentados- medidas para aumentar los ingresos o reducir los gastos equivalentes a 0,7 puntos porcentuales del PIB, es decir, unos 7.700 millones de euros.
Para afrontar estas cifras el Gobierno cuenta con elevar sus previsiones de crecimiento para este año y seguramente el siguiente, un trampolín en el que espera impulsarse para facilitar la consecución del 3,1%. Hasta el momento, el Ejecutivo español mantiene que el país crecerá un 2,9% este año y un 2,3% el próximo, aunque prevé elevar estas cifras en el nuevo marco macroeconómico que incluirá en el presupuesto para 2017 que pretende presentar a Bruselas «en las próximas semanas».
La Comunidad Europea ha mejorado en seis décimas las cifras de crecimiento del país para este año 2016, respecto a las que barajaba en mayo, hasta el 3,2%. No obstante, Bruselas reduce sus expectativas de crecimiento de la economía española para el próximo ejercicio en dos décimas, hasta un 2,3%, la cifra que el Gobierno español se plantea elevar.
De cara a 2018, Bruselas prevé que España sitúe su déficit en el 3,2%, un punto por encima de lo que se ha comprometido a lograr, lo que impediría que el país saliera finalmente del proceso por déficit excesivo, que estuvo cerca de costarle una multa por incumplir con sus objetivos el año pasado, aunque finalmente, como ya hemos citado, logró eludirla.
Por otra parte, la Comisión cree que el crecimiento del empleo se moderará, aunque el paro continuará descendiendo desde el 19,7% con que espera que cierre este ejercicio, al 18% el próximo año y un 16,5% en 2018. La caída del desempleo aliviará en parte a las arcas públicas españolas, beneficiadas también por el crecimiento esperado, aunque el aumento de las partidas destinadas a las pensiones tendrá el efecto contrario,
Aunque el Gobierno español mande un presupuesto sin cambios políticos, la Comisión Europea tendrá que dar su veredicto, así que será también un mensaje muy claro para el nuevo Gobierno. Veremos cuál es el resultado. Pero desafortunadamente, el nuevo Gobierno español tendrá que hacer un nuevo trabajo sobre el presupuesto. Sin nuevos ajustes fiscales, el Gobierno no logrará reducir el déficit público el año que viene al 3,1% del PIB comprometido con Bruselas.
Además tenemos el riesgo que nos dejen sin «fondos estructurales. La Comisión quiere llevar a cabo el diálogo estructural que tiene que mantener con la Eurocámara sobre la posibilidad de congelar los fondos europeos al país a partir de enero «lo más rápido posible». La CE debe decidir, en consulta con la Eurocámara, si suspenderá los compromisos de los fondos estructurales y de inversión europeos para España a partir de enero de 2017, lo que el país puede evitar presentando antes del 15 de octubre pruebas de que ha tomado acciones efectivas contra el déficit. El proceso sancionador podría incluir la congelación de fondos estructurales por un importe de 1.100 millones. Esos fondos incluyen programas de cooperación e inversión en todas las comunidades autónomas, así como ayudas y subvenciones al sector agrícola.
Nos esperan un otoño y un invierno calientes. ¿De dónde recortamos? Pese a que el PP se comprometió en campaña electoral a una rebaja generalizada de impuestos, la Comisión Europea cree que la relajación del esfuerzo fiscal es una de las causas que han impedido que España cumpla el déficit. Los informes de la Comisión también apuestan por la profundización en la reforma del sector público, lo que podría suponer nuevos recortes para el colectivo de empleados públicos. En este sentido, los organismos europeos no están de acuerdo con la restitución de la paga extra a los funcionarios, suprimida en diciembre de 2012 y cuya devolución se aprobó el pasado mes de abril.
Bruselas quiere, asimismo, que España tome medidas para una integración laboral efectiva, con un mayor peso de la Formación Profesional pero también de la educación superior. Además, apuesta por un fomento de la cultura del I+d+i a cargo del sector privado, y por la mejora de las capacidades de los servicios regionales de empleo. Veremos cómo salimos de todo esto.
