Estamos viviendo unos tiempos de exaltación de la democracia, lo cual me parece siempre estupendo. El problema se presenta cuando se olvida que la democracia debe ir acompañada del Estado de Derecho para entenderla en los términos en los que hoy lo hacemos.

Decía Norberto Bobbio que para entender un régimen político había que dar respuesta a dos preguntas: quién y cómo. En caso de la democracia, a la pregunta de quién es el sujeto la respuesta no es otra que el pueblo y a la cuestión de cómo se ejerce el poder, nos decía, que es por mayoría. Hasta ahí nos encontramos con la democracia en estado puro, sin embargo, la que hoy gozamos, con todas sus imperfecciones, está tocada por la construcción liberal del Estado de Derecho. Es decir, que el poder y sus ciudadanos están sometidos al Imperio de la Ley. Para ser más explícitos debemos recordar que el pueblo, en todas sus expresiones, está sometido a lo que dicta nuestras leyes.

Pues bien, esto último es lo que parecen haber olvidado algunos en el debate político, con el peligro que conlleva la extensión de esa ausencia a cualquier ámbito. Parece que invocar la democracia da un plus de legitimidad moral, más aún si seguidamente se desliza una romántica, y peligrosísima, desatención de las leyes.

Este ejercicio lo vemos trufado en el discurso de Podemos. Tanto es así, que encontramos continuas referencias a la democracia, pero pocas al cumplimiento de las leyes. Son muchos los ejemplos que se pueden traer a esta columna, pero intentando acercar la actualidad podemos destacar la explicación del líder nacional de Podemos al boicot de un grupo de supuestos estudiantes al expresidente González en la Universidad Autónoma de Madrid. Lejos de condenar los hechos de manera contundente, Pablo Iglesias ubicó los hechos en un mero ejercicio democrático, como no, de protesta. De forma premeditada, intenta justificar con la manida democracia un acto contrario a las leyes, como es impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en este caso, del expresidente del gobierno, o de quien sea.

Pero este hecho no es aislado, pues se enmarca en el discurso que recientemente pudimos escuchar al señor Iglesias, en el que renegaba de la acción parlamentaria y defendía la lucha en la calle. Muchos aplauden este discurso como si se tratara de la elevación a la máxima expresión de la democracia, pero nada más lejos de la realidad. El desdén hacia el Parlamento es la negación de nuestro sistema democrático, dado que desde este órgano del Estado se expresa la voluntad del pueblo por medio de las leyes. Por tanto, rechazar el Parlamento es rechazar las leyes y, en consecuencia, es la negación de la voluntad de la mayoría del pueblo. Esta consecuencia es el motivo del título de este artículo.

Decía anteriormente que este discurso se extiende a otros ámbitos. Escuchaba la semana pasada a una representante de una organización animalista decir que iban a tomar las medidas legales e ilegales que considerasen oportunas contra la sentencia del Tribunal Constitucional por la anulación de la prohibición de celebrar corridas de toros en Cataluña. La adopción de medidas legales son las que de se deben adoptar por aquellos que quieren defender sus derechos e intereses legítimos, pero esta representante anunció también medidas ilegales, sin que nos haya sorprendido tal anuncio. Por eso digo, cuidado con el discurso.

Es justo reconocer que Podemos no tiene el monopolio del discurso del incumplimiento de las leyes, pues los partidos nacionalistas, que han caminado hacia el secesionismo, también abrigan esas peligrosas tesis.

Las leyes, en definitiva, fijan las reglas del juego, y si no estamos en condiciones de cumplirlas o de animar a su incumplimiento la convivencia pacífica puede verse afectada.