Nada, ni siquiera la ausencia de Gobierno, puede detener la actividad económica de una sociedad capitalista como la nuestra. Desde comienzos de año, distintas estadísticas nos están ayudando a comprender que la actividad inmobiliaria, en la que se basa, junto al turismo, el grueso de la economía de la provincia de Alicante, se está reactivando de manera positiva para la creación de riqueza y también para el empleo, por más que éste último se genere en unas condiciones precarias y con visos de dependencia coyuntural. Pero, ojo, este positivismo no debe hacernos caer en las mismas trampas de antaño. Desde comienzos del ejercicio, se han iniciado en la provincia cerca de 2.500 nuevas viviendas, casi todas arrastradas por ese tirón de la segunda residencia que ninguna crisis ha sido capaz de minimizar en Alicante. Sólo durante el primer trimestre de 2016, la concesión de visados de obra nueva creció un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Hoy mismo, la portada de este periódico recoge que sólo en la capital se están acometiendo 20 promociones a la vez. Por más optimistas que sean los datos, está en manos de las administraciones no caer en la euforia ni en los errores que hace una década llevaron a la burbuja inmobiliaria, al falso boom y al mayor cataclismo económico de la historia reciente. Si los últimos incendios forestales afectaron a viviendas es porque alguien permitió que se construyeran en mitad del monte, por eso es buena la medida anunciada por Ximo Puig de que se impedirá la construcción en áreas quemadas. La potencia de la economía provincial está en manos de los empresarios, pero es responsabilidad de los gobiernos adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos periodos de recesión.
