Cuando el comercio y los comerciantes se quejan lo hacen muchas veces con razón. Con la razón de quien comprueba que ese pequeño empresario que es el comerciante arriesga su dinero, crea empleo, dedica todo su tiempo a apostar por una idea o un proyecto y luego se encuentra con que todo se le pone en contra. Entre las exigencias administrativas y la falta de ayudas abrir hoy en día un negocio es una andadura digna de elogio. Porque el comerciante que toma esa decisión crea empleo y genera riqueza, porque o compra un local o lo alquila, contrata empleados a quien les paga e ingresa sus seguros sociales, con lo que llena la caja del Estado. Pero luego nada más que recibe disgustos y trabas por todos lados. Con una zancadilla tras otra. Y para colmo de males, luego, el comercio que se dedica a la venta de mercancías se encuentra con otro enemigo demoledor como es el sector de la falsificación. Un sector contra el que el comerciante no puede luchar él solo, sino que requiere la directa intervención del Estado y de la ciudadanía.
Así las cosas, con ocasión de un curso de verano organizado en la Universidad de Alicante en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía hemos destacado la gran importancia que en la vida económica y laboral de un país tiene el sector relacionado con la propiedad intelectual e industrial. Así, en un informe realizado en el año 2013 por el Observatorio de la OAMI se destacó que los sectores intensivos en Derechos de Propiedad Intelectual contribuyen a la economía, medida por el producto interior bruto, generando casi el 39% del PIB de la UE por un valor de 4,7 billones de euros (un 4,2% sólo los derechos de autor). Además, los sectores intensivos en Derechos de Propiedad Intelectual han generado casi el 26% de todos los puestos de trabajo de la UE durante el período 2008-2010 y se generaron otros 20 millones de empleos en sectores que proporcionan bienes y servicios a estos. Así, dado que los sectores intensivos en Derechos de Propiedad Intelectual generan el 39% del PIB (valor añadido) de la economía y el 26% del empleo, el valor añadido por empleado en dichos sectores es superior al del resto de la economía. En efecto, los salarios de estos sectores son superiores a los del resto de sectores. Y todas estas cifras solo lo son en el sector que mueve la venta de libros, música, etcétera, con lo que si a ello le añadimos el volumen que mueve el comercio cuyos productos son falsificados de forma creciente nos daremos cuenta de la necesidad de proteger al comercio de las falsificaciones y copias.
Pero si cierto es que la Administración debe proteger al comercio más aún, o igual, debe hacerlo el consumidor, ya que si este no adquiriera los productos falsificados y tuviera cultura colaboradora con este fenómeno de la necesidad de erradicar el mundo de la falsificación seríamos más eficaces y el comercio se sentiría más protegido y crecerían las ventas. Pero ¿cómo van a crecer mientras que las falsificaciones se venden a la luz del día y a los ojos de todo el mundo? Y, sobre todo, con la colaboración del consumidor que adquiere productos falsificados perjudicando al comerciante que pone su esfuerzo, dinero, ilusión en abrir cada día su negocio y dar trabajo a quien no lo tiene.
Bajo esta perspectiva resulta fundamental que la Administración realice una campaña divulgativa de concienciación de que no hay que consumir productos copiados o falsificados, porque aunque esta adquisición sea ya un ilícito penal contemplado en nuestra legislación, y que aplican contundentemente países de nuestro entorno como Italia, debería iniciarse ya una política informativa y educacional que alerte a los ciudadanos de que consumir estos productos puede ser objeto de sanción penal si se detecta la compra. Pero que, sobre todo, debemos llegar con esas campañas a la conciencia del consumidor de que a nosotros tampoco nos gustaría que nos perjudicaran en nuestro trabajo en la misma medida y las mismas malas artes que emplean los que organizan estos sistemas de falsificación. Y por ello el consumidor debe convencerse, en primer lugar, de que no es correcto colaborar con este fraude que perjudica a nuestro comercio, y en segundo lugar saber que es una actividad que está castigada por la Ley. Y no vale la excusa de que es más barato, porque que lo ilegal sea más barato no es razón para justificar el consumo ni cualquier otra acción que se salga de los cauces que marca la ley. Salvo que queramos justificar la ilegalidad. Y si queremos desterrar estas y otras prácticas que hasta ahora se veían normales todos debemos colaborar.
