Juzgar el acierto de las medidas económicas aplicadas en cualquier país es difícil. La política económica, como el hombre de las mil caras, ofrece múltiples y variadas facetas que dificultan la unanimidad. Es tan complicado emitir previsiones correctas y juicios arteros que a los economistas se les tacha de estudiosos que emplean su tiempo analizando datos para diagnosticar, y después, una vez sucedidos los hechos, para explicar los porqués de su error.
También los que no son economistas quieren opinar y vaticinar, porque «cuando se trata de economía, todo el mundo es un experto que casi siempre se equivoca» (Milton Friedman). Pero hay algo en lo que suelen todos coincidir: los problemas se ha de afrontar con urgencia, porque si se deja pasar el tiempo se enquistan. Nuestro país se ha instalado en un continuo estado de ralentización al no salir de la reflexión política inservible. La falta de decisión impide que haya un gobierno al que exigirle las medidas necesarias para seguir caminando, después de que una crisis nos haya dejado discapacitados, y que los tejemanejes políticos nos estén limitando más la movilidad.
Sobran las razones para ser operativos frente a la inacción, y porque es inaplazable adoptar medidas, se necesita ya un gobierno, algo que piden sin excepción todos los ciudadanos, mucho más que el autobombo por lo hecho, de los unos, y la crítica pertinaz por los desaciertos, de los otros. De entre los muchos datos que nos ofrece la economía española, sea por causas exógenas o endógenas, algunos son buenos -crecimiento del PIB, prima de riesgo moderada, tipos bajos de interés y del precio del petróleo, aumento de las contrataciones y reducción de los datos del desempleo, etc- pero otros no lo son, antes bien, exigen su inmediato control y reconducción para seguir avanzando por el camino de una recuperación todavía no lograda, frente al retroceso debido a la falta de acuerdos.
Algunos de los asuntos pendientes
Limitándonos a las cuestiones económicas más imperiosas, las que hacen sonar las alarmas y que no deben esperar por ser los grandes retos, en cuya aprobación deberían jugar todos -Gobierno y oposición- un papel de consenso importante, podríamos citar:
El déficit público. Es el mayor de la Unión Europea tras Chipre, y el incumplimiento de nuestro compromiso de reducirlo hace que Bruselas estudie la aplicación de sanciones. La falta de una acción responsable se observa en que el gasto corriente de la administración pública central, sólo en el 2015, aumentó el 13,5%. Mientras que a los gobiernos territoriales, el ministro Montoro les exigía que embridaran sus gastos, el Gobierno central se descuidaba en ello: «consejos vendo que para mí no tengo».
Nivel de desempleo. Sin entrar en juzgar la calidad de los nuevos contratos, el nivel de paro en España, pese al aumento de la emigración, en especial de los jóvenes, y al regreso de muchos inmigrantes a sus países de origen, sigue siendo una lacra de la que hay que salir. Es alarmante que haya un millón menos de jóvenes trabajando, que el nivel general de desempleo supere el 20% y que nadie se rasgue las vestiduras, ni plantee soluciones acertadas para remediar este cáncer. Una de ellas, la mayor inversión en I+ D + i, ha sido denostada porque en vez de crecer durante estos años ha caído a niveles vergonzosos.
Elevada deuda pública. En la legislatura pasada el notable descenso de la prima de riesgo permitió que el coste por intereses descendiera de modo notable, pero no se ha reflejado en una bajada de la deuda pública, que ya supera el billón de euros, más del 100% del PIB, al haberse triplicado en apenas cuatro años, alcanzado así el mayor nivel desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta nuestros días.
Nueva ley de Financiación Autonómica. Hace casi dos años que expiró la vigencia de la LOFCA, y pese a ello y la unanimidad de todos los estudios y el absoluto rechazo de todas las Comunidades sobre su injusta fórmula de financiación, no ha servido para que se negocie un nuevo sistema en el que se desprecien los intereses políticos territoriales a cambio del derecho de todos los españoles para que se les procure la misma financiación por habitante con la que poder atender la educación, sanidad y los demás gastos sociales.
Reforma de la fiscalidad. Nuestro sistema fiscal es injusto y anacrónico, y ni siquiera recauda con suficiencia. Nuestros ingresos fiscales están 10 puntos por debajo de la media de la UE, porque no están todos los que son, ni son todos los que están. Se debe acabar con la discriminación de las rentas del trabajo frente a las del capital; eliminar los reinos de taifas tributarios de las Comunidades Autónomas, reformar impuestos tan inarmónicos como el de Patrimonio, Sucesiones, y Transmisiones. La tributación en la Hacienda local es también carpetovetónica, con exceso de cargas sobre los bienes inmuebles y con valoraciones injustas, garantistas de recaudación, pero en contra de la capacidad contributiva.
Desigualdad social. Con la crisis, el número de los millonarios de este país ha crecido. A tal anomalía se contribuye con el beneplácito fiscal a los más pudientes. Durante la última legislatura los niveles de tipos de gravamen del IRPF no han bajado respecto al 2011, pero sí para el 5% de los contribuyentes con rentas más altas. La acción correctora y distribuidora del gasto público y de la fiscalidad progresiva no es eficaz, dado que España es el país de Europa en el que, pese a la crisis, más ha crecido la desigualdad social.
Asedio a la corrupción y el fraude. Son insostenibles los niveles de ambas lacras sociales. La elusión de los que más deberían de contribuir, y la de las grandes compañías es alarmante, al beneficiarse de normas favorables y prebendas inexplicables, terminan soportando tipos impositivos ridículos. Su contribución social es insignificante, gracias a la fuga de impuestos, amnistías, reducción de bases y tipos, y a la descoordinación entre los países para atajar el fraude. Ejemplo de ello es que en la UE, el BEPS (proyecto contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios) sólo tenga 15 líneas y no haya pasado de ser una simple carta de recomendaciones de aplicación discrecional, es decir, no obligatoria.
El futuro de las pensiones. Hay que recuperar la negociación del Pacto de Toledo, porque la Caja de las pensiones ha sido objeto de un continuo saqueo para fines ajenos. Su nivel de 66.000 millones de euros en 2011, se ha vaciado durante estos últimos años sin implantar solución al drenaje, ni considerar que, «lo primero que se ha de hacer es no gastar lo que se tiene». (Massimo D´Azeglio)
Y además, otras actuaciones se reclaman en ámbitos no económicos pero sí de gran trascendencia social, como la reforma educativa, judicial, sanitaria, electoral y siempre con el objetivo de lograrlas con el mayor consenso, para que se consoliden y perduren en el tiempo. Trabajo hay de sobra, tanto como abulia para adoptar acuerdos y ponerse manos a la obra.
