Por encima de otras consideraciones jurídicas, de la lectura del auto de Carmen Lamela queda claro una cosa: que la magistrada no tiene el más mínimo interés en indagar las circunstancias en que se comercializaron las cuotas de la CAM en las que miles de clientes de la caja confiaron sus ahorros y que aún hoy muchos no han recuperado. Falta a la verdad la instructora cuando arranca el auto con un «habiéndose practicado las diligencias pertinentes». Porque poco o nada se ha hecho para averiguar si, como ha apuntado la Audiencia Nacional, se pudo cometer un delito en la venta de estos valores. Los damnificados sólo buscaban que al menos se investigara en ese sentido. Pero ha quedado claro que la juez no está dispuesta ni a eso.
