La gestión de los recursos humanos es una de las áreas más débiles de la atención sanitaria. Al principal activo del sistema se le cuida poco y mal. Y, si este engranaje falla, no hay forma alguna de mantener la calidad asistencial. Olvídense de tecnología y de fármacos, que sin humanos esto no funciona. Cierto es que hay demasiados frentes abiertos. A unas retribuciones económicas bastante alejadas del promedio europeo y los escasos alicientes para motivar a los profesionales, se añade una elevada inestabilidad laboral. La mitad de los trabajadores de la sanidad pública valenciana tiene un contrato interino o temporal. Olvidadas las promesas, esto no cambia. Y, mientras tanto, ni la pulcritud ni la eficacia de la contratación de personal se aproximan a lo que sería deseable.
Esta semana nos hemos enterado de que la Inspección de Trabajo ha pillado «in fraganti» a la Conselleria de Sanidad. Nada menos que 8.470 contratos laborales se han saltado la legalidad en los últimos cuatro años. No solo han vacilado a los trabajadores, a los que no se les pagaban los días de obligado descanso. La Generalitat Valenciana se ha permitido defraudar a la Seguridad Social ¡Con un par! Aunque la cantidad no sea estratosférica, la cuestión es que la administración autonómica le ha birlado más de medio millón de euros a la caja que financia las pensiones. Y otro millón y pico a los más de 2.500 afectados. Prácticas de dudosa ética y contrastada sinvergonzonería, por más que aquí nadie se lleve un céntimo al bolsillo.
Dicen que los malos son los otros, los de antes. Lógico, por cuanto la investigación se ha limitado al periodo 2011-2014. Sin embargo, el actual equipo directivo de Sanidad asumió de forma implícita este comportamiento mediante unas alegaciones que han sido rechazadas, en su totalidad, por la Tesorería General de la Seguridad Social. Desde el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP), promotor inicial de la denuncia, afirman que la práctica sigue siendo habitual. Cuestión de esperar a que la inspección se actualice y ya veremos cómo acaba la historia.
Les comentaba que uno de cada dos trabajadores de la sanidad pública valenciana no tiene estabilidad en su puesto de trabajo. El dato oficial exacto -un 46,4%- se ha conocido al publicarse el I Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Más de 23.000 trabajadores sin contrato estable, cifra sensiblemente superior a los ya excesivos 16.000 que se citaban cuando se presentó la Oferta Pública de Empleo de este año. No pasarían de ser simples números si no fuera porque, detrás de ellos, se encuentra el cuidado de nuestra salud. Y no estamos para tanto movimiento.
Contratos que no respetan descansos laborales y cuotas empresariales impagadas a la Seguridad Social. Este es el escenario en el que, para colmo de males, han ido conociéndose ciertos abusos relacionados con la bolsa de trabajo. En distintos hospitales se ha forzado a algunos médicos para que renuncien a la plaza que les correspondía. Los casos han ido apareciendo en La Fe, Peset y Clínico de Valencia, o en el General de Elche. Añadan a todos aquellos que callan por temor a las represalias y a los que han sido vilmente engañados, con trapicheos de los que salen perjudicados sin ser conscientes de ello. Las razones coinciden en todos los casos: el puesto tenía nombre y apellidos. Como bien advertía Andrés Cánovas, secretario general del sindicato CEMSATSE, se trata de conductas más propias de capos mafiosos que de jefes clínicos. Comportamientos que, lejos de ser excepción, parecen no extrañar tanto por su relativa habitualidad.
A la vista de cuanto hemos conocido, hay razones para poner en cuarentena las contrataciones temporales de personal en el sistema sanitario valenciano. No digo que no se cumpla la normativa, pero sí que se trampea con demasiada frecuencia. Hay mil y un mangoneos -generalmente consentidos- al margen de estos casos de más enjundia. Ahora bien, trasladar toda la culpa a los responsables de los servicios clínicos es una postura cómoda y, en cierta medida, injusta. Por supuesto que no es aceptable ningún tipo de coacción y la legislación deja bien claro cómo deben sancionarse estos abusos. Pero la obligación de respetar la normativa no lleva implícita que ésta sea adecuada. Y es evidente que el sistema de contratación temporal de Sanidad presenta serias deficiencias, que precisan una modificación urgente.
Cabe preguntarse cuál es el objetivo real de la bolsa ¿Persigue incorporar los mejores efectivos al sistema sanitario o, por el contrario, se limita a ofertar empleo? A la vista de su restringido baremo, lamentablemente me quedo con la segunda opción. En diciembre, distintos jefes de servicio del Hospital Clínico de Valencia denunciaban que el sistema actual no contemplaba méritos profesionales como la formación o la cualificación especializada. La realidad es que apenas contempla tres criterios: antigüedad, calificación obtenida en la última oposición y conocimientos de valenciano. Ni formación continuada, ni docencia, ni investigaciones, ni otros tantos méritos que habitualmente son incluidos en otras comunidades autónomas. Sindicatos y colegios profesionales han recordado -cierto es que no con mucha insistencia- la necesidad de disponer de un sistema que contemple perfiles más especializados. A la espera estamos.
El criterio de experiencia perpetúa, como es evidente, la endogamia del sistema. Una vez entras en la rueda, ya no sales y se evita que entren otros. A su vez, la escasa frecuencia con la que se convocan oposiciones hace que no todos los aspirantes puedan puntuar en el principal apartado del baremo. El sistema es tan kafkiano que un médico especialista que regresara de Estados Unidos, con años de experiencia clínica e investigadora, no tendría ni un mísero punto con la fórmula actual. Por otra parte, siendo una bolsa que no se actualiza en tiempo real, tendrá que esperar un par de años para aparecer en los listados. La única oportunidad surge en esos momentos en los que la bolsa queda desierta y algunos aprovechan para mover ficha, no respetando la libre concurrencia. En fin, un sistema injusto y que no cumple, en absoluto, con las necesidades asistenciales a las que pretende dar cobertura.
Lo realmente extraño es que el sistema se haya mantenido tantos años. Antigüedad, nota en la última oposición y conocimientos de valenciano. Ni conocimientos ni habilidades; nada que ver con la excelencia que se espera del sistema sanitario.
