La semana que empieza puede ser decisiva para el futuro de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa). El administrador concursal tiene que presentar su informe al juzgado, momento a partir del cual la continuidad de la patronal alicantina o su extinción por liquidación quedará en manos de un magistrado. A estas alturas, son muchos los que preferirían que Coepa desapareciera y son más aún aquellos a quienes no les importa un comino lo que pueda pasar. Se equivocan.
Como se recordará, la agónica situación de Coepa tiene que ver fundamentalmente con la puesta en marcha -con los parabienes de la Generalitat de Francisco Camps- del centro de oficios y los cursos de formación, que han generado una importante deuda. A diferencia de lo ocurrido en otros lugares, aquí no ha habido detenciones policiales ni sumarios por corrupción. Lo que sí ha habido es una tremenda incapacidad e ineficiencia por parte de una organización que, pese a ser empresarial, hace años que dejó el gobierno del día a día en manos de ejecutivos escasamente preparados mientras sus presidentes dedicaban el tiempo a compadrear de forma indecorosa con el poder. Ahora, el principal acreedor de Coepa es la Administración, lo que no deja de resultar paradójico porque es de la relación perversa de la patronal con esa Administración, cuando la gobernaban otros, de donde proceden todos los males.
Dicho así, parecería que tienen razón quienes abogan por la liquidación de Coepa. Pero ocurre que las sociedades democráticas se articulan mediante organizaciones que representan sin duda intereses de parte pero de cuya interactuación se desprenden beneficios generales. Y que la desaparición de ese tipo de corporaciones nunca deja un espacio vacío, siempre es ocupado por otras. La pregunta es si lo que puede venir ofrece mayores garantías que lo que había, o lo procedente es regenerar lo que ya existe.
Hace unos días, en una reunión de miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio, el otro mascarón de proa histórico de los empresarios alicantinos, hoy también puesta en cuestión, el presidente de una de las federaciones sectoriales con más afiliados, Guillermo Moreno, máximo dirigente del Metal, sorprendió a propios y extraños defendiendo que lo que había que hacer es dejar morir a Coepa para crear una nueva patronal apadrinada por el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación, cuyos representantes, el socialista Gabriel Echávarri y el popular César Sánchez, estarían en la pomada. Guillermo Moreno ha sido punta de lanza en las denuncias contra el funcionamiento de Coepa, y no le faltó razón aunque tuvo escaso éxito hasta que unió su destino al de Cristóbal Navarro, un empresario que defiende la pureza de las organizaciones representativas pero cuyas últimas actuaciones se han visto coronadas por sonados fracasos: Denaria, aquella cooperativa que impulsó para fundar un nuevo banco, por ejemplo; o la toma por asalto del Colegio de Economistas, que también acabó en fiasco, y últimamente otra cooperativa, la que iba a quedarse con el solar del Sidi San Juan, que tampoco ha pasado del ruido en la Prensa y que puede acabar como el rosario de la aurora por la reclamación de cantidades anticipadas para un proyecto que, como mucho, se enredará en los tribunales. Navarro parece haber interiorizado la táctica de esos equipos que quieren ganar en el despacho lo que no se atreven a ganar en el campo. Su tesis es sencilla: muerta Coepa, que sea Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa que él preside aunque con creciente contestación, la que herede su representatividad. Sin pasar por asambleas ni votaciones. No deja de ser un plan (otros, ni siquiera tienen eso), para el que sin embargo ha escogido mal los compañeros de viaje.
Mientras movimientos como el confesado por el líder del Metal se suceden en Alicante -una ciudad con un microclima cada vez más tormentoso y donde vuelve a repetirse el error de mezclar intereses empresariales y políticos, sólo que con distintos actores-, en Valencia prosiguen los intentos de aprovechar la debilidad para reducir esta provincia, en lo que se refiere a su representación empresarial, al rango de delegación. Cierval, ese intento de patronal autonómica que jamás ha cuajado, se da ya por vencida. También en situación económica terminal, su presidente, José Vicente González, parece haber llegado a la conclusión de que la única salida que le queda es entregarse con armas y bagajes a la patronal provincial de Valencia, la CEV. Salvador Navarro, al frente de esta última, está convencido de que éste es el momento de centralizarlo todo bajo su autoridad, y ya sabemos que en el Palau, lo ocupe quien lo ocupe, la canción de un solo interlocutor domiciliado lo más cerca posible de la calle Cavallers siempre suena a música celestial.
Así pues, si Coepa desapareciera ocurrirían varias cosas: primero, que Alicante perdería el vínculo con la patronal nacional, de la que ahora forma parte: es Coepa quien está en la CEOE y si se creara una nueva patronal, como pretende Guillermo Moreno, tendría que partir de cero y buscar ese reconocimiento, difícil de conseguir en las actuales circunstancias; segundo, que todo indica que se agudizaría la lucha entre Alicante y Valencia en un momento en que a los alicantinos, por nuestros propios errores, no parece interesarnos una guerra abierta como esa; tercero, que probablemente lo que quedara al final aquí no fuera más que una sucursal de Valencia. Y ya sabemos cuál sería entonces el orden de prioridades.
Coepa tiene un presidente en funciones, Francisco Gómez, que ya ha dicho que su único fin es salvarla de la quema y convocar elecciones para que surja una nueva patronal, reforzada y capaz de defender los intereses de los empresarios de Alicante y, por ende, los de esta provincia desde presupuestos distintos a los de los últimos años y sin dependencias políticas. Sería interesante aprovechar esa disposición para cambiar de verdad las cosas. Quizá valga la pena darle un voto de confianza a un Gómez que hasta aquí ha estado demasiado solo, pero que está dispuesto a trabajar para llevar el barco al puerto de la refundación y que tiene la suerte de que uno de sus errores en estos días de frenesí, darle poder a otro ejecutivo, Antonio Galván, que al mismo tiempo busca trabajo, se va a corregir solo porque IFA, de la que Galván era director general, le ha retirado su acreditación para ocupar plaza en Coepa. Pero lo primero que tienen que hacer los empresarios de Alicante -los de la Marina Alta y los de Villena; los de Elche y los de la Vega... todos- es manifestar su voluntad. Responder a la pregunta con la que se titula este texto: ¿quieren una patronal provincial que defienda en Valencia y en Madrid sus intereses, y con ellos los de Alicante, en asuntos como la política turística, el corredor Mediterráneo, el puerto, el aeropuerto, el agua o la financiación, por poner algunos ejemplos donde la unidad de actuación es básica? ¿O prefieren hacer cada uno la guerra por su cuenta? ¿Es Alicante tan pequeña que puede dejarse en manos de los Echávarri de turno? ¿Tiene tan poco peso la quinta provincia de España que debe quedar reducida al rango de sucursal? Júntense de una vez los patronos y respóndannos, para saber a qué atenernos.
