Para quien no haya escuchado hablar de Lázaro Baez explico que se trata de un empresario argentino detenido hace unos días en el marco de una operación que le apunta como testaferro del expresidente argentino Néstor Kirchner, con quien se le asocia en la desbocada carrera por hacer caja mediante desvío de fondos de obra pública, entre otras fechorías. Hoy Baez está entre rejas, dispuesto a cantar como Gardel con tal de rebajar su pena, encadenando estribillos para dar a conocer la «ruta del dinero K», etiqueta colocada por el periodista Jorge Lanata, cuyo trabajo de investigación ayudó a destapar el destino de decenas de millones de euros que acabaron en cuentas suizas y otros paraísos fiscales con la huella de la familia que manejó el poder en Argentina durante los últimos años. El tal Baez no es más que el enésimo ejemplo de individuo descarriado que descubre el sendero de la honestidad a la fuerza, para mutarse en palanca ideal con la que levantar las tapas de la cloaca por donde aflora el dinero usurpado, retratando, al mismo tiempo, al líder de la trama para su posterior escarmiento, a cambio de condescendencia penal.
Les cuento este caso porque les sonará el procedimiento y, de paso, imagino que para algunos resultará reconfortante constatar que no todos los chorizos se concentran por aquí.
Por ese espacio discurren últimamente las estrategias judiciales que barnizan las tramas que más suenan en los juzgados y medios de comunicación. No hay caso de corrupción sin delator arrinconado, figura del nuevo belén dispuesta a expiar culpas para minimizar su castigo largando a su señoría todo lo que almacena en su interior.
No hace mucho Enrique Ortiz se prestó a levantar la alfombra de la financiación ilegal del PP en un calculado ataque de arrepentimiento, como antes lo intentó hacer Bárcenas, al que la jugada le salió regular.
Y tras cortina parecida, decenas de cargos y asesores han ido desfilando por Valencia para declarar por el presunto blanqueo de dinero negro procedente de mordidas a empresas adjudicatarias de contratos públicos, suplicando un «quid pro quo» para aliviar su penitencia.
Ponga un arrepentido a la fuerza que levante la alfombra y prepárese para el baile. Rus sufre los cantares de Benavent; Rajoy, los gallos de Bárcenas; Rita, el susurro de Grau... y así una larga lista ya familiar para la Fiscalía. Cada cerdo encuentra su San Martín a la vuelta de la esquina. Los delatores con la espada, los delatados con el escudo. Todos dando saltos sobre una estrecha tabla que cruza el foso repleto de caimanes con la boca abierta.
Para no quedar estancados, la delincuencia descubre nuevos e insospechados caladeros por donde seguir pescando. El último, y más novedoso por su originalidad, el mecanismo de extorsión empleado por las asociaciones Manos Limpias y Ausbanc teóricamente paridas para meter el dedo en el ojo del desalmado. Pero no, nada que ver. Resulta que el delito se escondía debajo de la toga para colarse en el juzgado, entrar en sala y ejercer la acción popular como negocio de dos fulanos, Bernard y Pineda, unos piernas que negociaban con apretar o deshacer el nudo de la soga en función del precio y a los que han tardado más de la cuenta en meter entre rejas.
Por estos lares Manos Limpias echó el ojo al caso de Marisol «La Roja», concejala alicantina de Guanyar que tras despacharse a gusto contra la Corona en las redes sociales fue empujada al banquillo de los acusados. Al parecer, Bernard debió caer en la cuenta de que ni amenazando a Marisol con el garrote que lucía en sus tiempos de guardaespaldas de Blas Piñar iba a sacar tajada para pagar algo más que un almuerzo, así que decidió mantener sus energías en el entorno de la Casa Real, desde otro ángulo y en Palma de Mallorca. Y por ahí sigue, pese a que solo mentar el nombre de quien ejerce la acción popular en el «caso Nóos» produce grima. Casi dan ganas de que los absuelvan a todos.
