El impacto de la crisis y las políticas de recorte que se vienen aplicando, el avance de la pobreza y la emergencia social, los altos niveles de paro de larga duración con unas tasas cada vez menores de cobertura y subsidios en los desempleados, junto al paulatino agotamiento de los ahorros en muchas familias que no pueden hacer frente a los gastos esenciales, han situado en el centro del debate público la importancia de las rentas básicas de subsistencia, entendidas como prestaciones esenciales destinadas a atender situaciones de extrema necesidad en los ciudadanos.
En la Comunidad Valenciana, el artículo 15 del Estatut reconoce, «con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía». Por ello, la Generalitat Valenciana puso en marcha la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) mediante la Ley 9/2007 de 12 de marzo, entendida como el derecho a una prestación cuya finalidad es dar apoyo económico a las personas que carecen de recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar social y familiar, al igual que venían haciendo otras comunidades autónomas.
Sin embargo, el Gobierno autonómico del PP, creador de esta prestación en base a las obligaciones derivadas del mandato legal estatutario, no dejó de poner trabas, obstáculos y limitaciones para una correcta implantación de esta Renta. Se incumplieron compromisos legales básicos en su aplicación, dificultando su gestión, tramitación y concesión, acumulando retrasos indecentes y recortando partidas económicas necesarias para estas Rentas Garantizadas de Ciudadanía precisamente cuando la crisis y sus efectos más daño estaban haciendo a las familias valencianas.
El resultado de todo ello no ha podido ser más desolador, hasta el punto que la Comunidad Valenciana ha destacado como una de las comunidades que peor renta básica tenía, con una de las prestaciones económicas más bajas, acumulando retrasos en la resolución de expedientes que en enero de 2015 se elevaban hasta los 11.474 peticiones, unas demoras que al superar en la mayoría de los casos el año incumplían la obligación legal de resolver en un plazo máximo de tres meses y desvirtuando por completo la finalidad y objetivos de estas ayudas, sin reunir durante años las comisiones mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía en ninguna de las tres provincias con lo que se impedía cualquier seguimiento, revisión y mejora en su gestión. Estos y otros muchos datos se recogen en la contundente queja que el Síndic de Greuges elaboró recientemente sobre la RGC, una institución que sigue muy de cerca la aplicación de estas prestaciones en base a las numerosas quejas que recibe y por lo que quiere profundizar en su implementación desde su recién creado «Observatorio de la Vulnerabilidad».
De la misma manera que están haciendo otras comunidades autónomas y coincidiendo con el cambio en el Gobierno Valenciano, que quiere hacer bandera de una política social más efectiva, bueno sería que se aprovechara para renovar a fondo la Renta Garantizada de Ciudadanía, reconociendo su errático desarrollo, el carácter restrictivo con el que se ha aplicado, las insuficiencias e irregularidades en su gestión, la maraña burocrática de la que se ha rodeado, la necesidad de una profunda revisión en sus requisitos y procedimientos, junto a unos retrasos e impagos que anulan completamente su papel y generan, si cabe, mayores problemas sociales. Todo ello ha hecho que un instrumento tan valioso para haber podido hacer frente al devastador impacto de la crisis entre las familias haya quedado erosionado, dañando su capacidad de respuesta social.
La Renta Garantizada de Ciudadanía debe renovarse, actualizarse y modernizarse contando con la valiosa experiencia de los profesionales de los Servicios Sociales, realizando una sincera y honesta evaluación del programa a lo largo de estos años. Para ello, debería mejorarse y simplificarse su gestión, incorporando nuevas formas de pobreza que precisamente ha creado la crisis, abandonando esa visión paternalista y restrictiva de «reinserción» que tiene, mejorando y actualizando el papel de las contraprestaciones de los perceptores especialmente hacia los hijos menores, entendiendo el valioso papel que tiene en parados de larga duración sin ingresos para que no caigan en el desánimo y la enfermedad, impidiendo que crezca el número de personas y familias en situación de exclusión social o se cronifiquen situaciones de marginalidad, facilitando además el acceso a nuevos ciudadanos con situaciones novedosas no contempladas. Y todo esto avanzando hacia una armonización entre comunidades en criterios, exigencias y cuantías en este tipo de rentas.
La Comunidad Valenciana tiene una oportunidad histórica para avanzar y modernizar sus dispositivos sociales, esperemos que no sea otra oportunidad perdida.
@carlosgomezgil
