No tengo ninguna duda de que el mensaje de diálogo que lanzaron los ciudadanos tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las últimas generales tenía una doble vertiente: acuerdos entre las fuerzas políticas para gobernar de forma compartida; pero también una buena relación entre las instituciones de diferente color en beneficio de las personas. La izquierda y la derecha, unos y otros, entendieron a la perfección en la Comunidad y en la provincia la primera de esas premisas. Los socialistas y Compromís llegaron a un acuerdo para gobernar la Generalitat con el tándem formado por Ximo Puig y Mónica Oltra a la cabeza. Y sumando, según el caso, a EU o a las marcas locales de Podemos, coparon las alcaldías de los principales municipios. La derecha se refugió en la Diputación de Alicante gracias a la alianza entre el PP y Ciudadanos que aupó a César Sánchez a la presidencia de la corporación.
Ese «encargo» de buscar alianzas, decía, para amasar el poder se la aplicaron los partidos al «dedillo». Pero con el mando ya en sus manos, sin embargo, se «olvidaron» de la segunda parte: el necesario entendimiento entre instituciones de signo diferente para favorecer a los ciudadanos. Desde que arrancó el mandato, en los dos bandos -la Diputación y el Consell- se han empeñado en poner tierra de por medio y en alimentar una escalada de tensión. En la sala de control del PP han convertido el Palacio Provincial en la última trinchera para intentar plantar cara a la izquierda. Resistir, como única estrategia, sólo conduce al desgaste y a la incapacidad para ofrecer un proyecto alternativo. Y en eso está el PP. Para la izquierda, la Diputación, por contra, es una molestia que debe convertirse en un «apéndice» de la Generalitat y orientar toda su gestión a ofrendar glorias al gobierno autonómico con una intervención «a golpe» de decreto.
Así que, mientras la Diputación y la Generalitat se entretienen en su «batallita» para sacar pecho en una pugna con tintes de pulso político, los ciudadanos esperan soluciones a problemas que se deben resolver entre ambas administraciones. El agua, las inversiones para la provincia en los presupuestos autonómicos, la política cultural, la promoción turística, los eventos deportivos, la conservación de la mayor red provincial de carreteras de España... ¿No hay nadie con la suficiente visión política en el Palacio Provincial para rebajar la tensión, olvidar los intereses del PP para intentar frenar a la izquierda y responder con una agenda de medidas que a la Generalitat le sea imposible rechazar? Hasta ahora sólo hay frentismo partidista, línea directa con el alcalde Gabriel Echávarri para evidenciar aún más el bloqueo con Puig, batallas judiciales que alejan el diálogo como la que se avecina con los decretos de turismo y ocurrencias «inoportunas» como la provocación de autoproclamarse «gobierno provincial».
¿No hay nadie con la suficiente visión política en el Palau de la Generalitat para entender que el papel de la Diputación es completamente diferente al que juega en otros territorios? Alicante es la provincia más grande de toda España -la quinta en población- que no es capital de un gobierno autonómico. Así es que la corporación provincial es la única gran institución radicada en el territorio y, por tanto, es clave para la vertebración de la Comunidad. Llevamos casi un año de mandato. Es hora ya de abrir del diálogo y de que una vez empiecen a hacer política.
