La provincia de Alicante ha asistido esta semana a un hecho histórico y sin precedentes: la solicitud de concurso de acreedores de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa). Por limar la cuestión semántica, viene a ser lo que antaño era conocido como suspensión de pagos. Adviértase la paradoja: la principal representación empresarial de Alicante, la que firma convenios, la que debe ser modelo de gestión empresarial, simboliza el modelo económico de la provincia y debe ser ejemplo de eficiencia para sus asociados, no puede pagar sus deudas y está al borde de la liquidación. El modelo, por consiguiente, se nos ha venido abajo. Ya me dirán en qué espejo deben mirarse ahora los emprendedores.
Y es curiosa la situación, por cuanto quienes en los últimos años han conformado la junta directiva de Coepa representan empresas saneadas e incluso libres de complejos para tratar como iguales a las de otras provincias de perfil similar a Alicante.
Pero si los miembros de la dirección de Coepa se pueden considerar ejemplo de sus respectivas actividades empresariales, ¿por qué han llevado a la patronal a esta situación, ya veremos si reversible? Porque nadie pone en duda que Joaquín Rocamora fuera un promotor inmobiliario; o que Modesto Crespo dirigiera con solvencia sus negocios de automoción; o que, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, Rafael Martínez Berna multiplicara el tamaño de Hormigones Martínez; o que Antonio Arias haya hecho de Vectalia una compañía puntera en el sector del transporte urbano; o que Manuel Peláez esté pilotando de modo óptimo Ecisa. Su eficiencia como gestores de lo suyo está probada con los hechos. Y conviene recordar que de Coepa también son asociados Mercadona o El Corte Inglés (como también lo son de la patronal de Valencia), a quienes la organización alicantina debe agradecer ad eternam que con su representación y sus cuotas la institución siga viva.
A lo largo de su historia, la patronal de Alicante ha vivido de la subvención de la Generalitat, lo que la ha convertido en una organización sumisa y esclava del poder político. No ha sido libre porque nunca quiso serlo. Mientras tuvo ese sustento con gobiernos del Partido Popular, las lentejas de Coepa estaban más que aseguradas. Ahora ya no. Y a diferencia de los empresarios valencianos, que han hecho derrama para enjugar la cuentas de su organización, la CEV, ninguno de quienes componen la dirección de Coepa parece estar dispuesto a poner dinero de su bolsillo para salvar la entidad.
En lo que parece de toda lógica, la nueva Generalitat ha pedido a la patronal que pague lo que debe al Instituto Valenciano de Finanzas y le ha dicho que los casi cuatro millones de euros que se adeudan por el centro de oficios son responsabilidad exclusiva de los empresarios. La cúpula patronal también ha intentado, sin éxito, que el Ayuntamiento se quede con las instalaciones. Sin éxito porque quienes componen el Gobierno municipal no son de los suyos, pero sobre todo, porque no hay argumentación que sostenga que deban ser los alicantinos quienes saquen a los empresarios del atolladero cuando cuesta tanto mantener las partidas para bienestar social. El Gobierno de Ximo Puig, que no puede mirar hacia otro lado, sopesa ahora implicar a todos los valencianos si cuaja la idea del Consell de que un organismo autonómico se haga cargo del dichoso centro de oficios.
Alicantinos, valencianos y el resto de españoles ya tuvieron que sacar a Bancaja de un laberinto similar. La salvaguarda de los ahorros de miles de clientes pudo justificar aquella decisión, pero no hay ninguna razón por la que con dinero público deba salvarse una organización empresarial mal gestionada y que cada día está más necesitada de un big bang que la encamine a su refundación.
