No pongo en duda que la Conselleria de Sanidad actuó con la mejor de sus intenciones a la hora de anular el copago farmacéutico a los pensionistas y jubilados de la Comunidad a través de una subvención. Como la ley no permitía derogarlo, tuvo que acudir a una argucia, la subvención, que el próximo año se puede volver en contra de los beneficiarios. Todos ellos tendrán que hacer obligatoriamente la declaración de la Renta y a partir de ahí se verá si les sale a pagar o no. Solo en la provincia, el Consell aseguró que serían 300.000 las personas a las que quitaba el copago de ocho euros al mes, 96 euros al año como máximo. El problema es que Sanidad, mientras todo el mundo batía palmas por la retirada del copago, ocultó el susto de la declaración de la Renta, algo impropio de un Consell que quiere presumir de transparencia. Si quien no estaba obligado a declarar a Hacienda tiene que hacerlo ahora, y acaba pagando, se puede afirmar sin equívocos que Sanidad, en este asunto, ha hecho «un pan con unas tortas».
