En el artículo anterior conocimos la historia de las cárceles que ha habido en Alicante a lo largo de su historia y del estado en que se encontraban. Ahora conoceremos un poco mejor la situación de las personas que las ocupaban, ya fueran presos o carceleros.
Presos pobres
Los presos debían costearse sus propios gastos dentro de la cárcel: alimentos, ropa, velas, etc. Para los pobres que no disponían de recursos propios, las autoridades recurrían a la beneficencia o a sus presupuestos para mantenerlos, mientras estuviesen encarcelados. Y comoquiera que durante muchísimo tiempo en las cárceles se encerraban a los mendigos por considerarse la mendicidad sinónimo de delincuencia, la mayoría de los presos eran pobres.
Las solicitudes de ayuda alimenticia de los presos debían ser informadas por los ayuntamientos donde residían, que tenían que declararlos oficialmente «pobres de solemnidad».
La manutención de los presos pobres fue durante mucho tiempo un problema crónico para las autoridades alicantinas, como lo era para las de todos los municipios españoles, que trataban de resolverlo sacando dinero de donde podían, cuando la beneficencia no era suficiente.
Así, en mayo de 1755, el administrador general de la Renta informó al gobernador alicantino de que se había decidido destinar, del dinero obtenido por sanciones contra el fraude del tabaco, una cantidad para la manutención de los presos pobres. En septiembre de 1771, el Consejo alicantino destinó del caudal sobrante de propios (rentas comunes para satisfacer gastos públicos), 200 pesos anuales para pan, especies y leña con que mantener a los presos pobres. Y por reales órdenes expedidas en 1827 y 1828, se dispuso que cuando los fondos de propios de cualquier municipio no alcanzase a cubrir los gastos de los presos pobres, se recurriese a los caudales de propios del distrito correspondiente.
Pero no era fácil conseguir el dinero suficiente para mantener a los pobres encarcelados. En 1872, el Ayuntamiento tuvo que repartir la deuda que arrastraba por este gasto entre los vecinos de la ciudad. Y en el ejercicio 1892-1893, este secular problema seguía siendo prioritario para el Consistorio, ya que el apartado de mantenimiento de presos pobres suponía un 57% del presupuesto total destinado a gastos carcelarios.
Hasta septiembre de 1819 el Ayuntamiento entregaba la ayuda económica para mantenimiento de los presos pobres directamente a cada uno de ellos, pero para evitar reyertas y que malgastaran el dinero, a partir de entonces se lo entregaron al alguacil, para que lo administrara. Esta responsabilidad fue una gran preocupación para los alguaciles, ya que casi nunca era suficiente el dinero que recibían. Por ejemplo, en enero de 1830 el alguacil Antonio Serrano recibió 1.040 reales (procedentes de limosnas y del tesorero de la ciudad), para manutención de los 36 presos pobres, pero gastó 1.589, por lo que se le quedó a deber 540 reales; una deuda que fue arrastrándose durante todo el año: en abril, la diferencia en su contra fue de 460 reales; en mayo, de 696 reales y 17 maravedíes; en junio, de 332 reales y 17 maravedíes? En marzo de 1829 el Ayuntamiento vendió una casita de madera que era usada por los pesadores de carbón por 750 reales, que entregó al alcaide para cubrir la manutención de los 16 presos pobres que había en la cárcel, pero el alcaide empleó el dinero en saldar parte de la deuda que tenían con él por lo mismo. El 22 de octubre de 1835, en un oficio dirigido al regidor comisario de cárceles, el alcaide Miguel Ródenas recordaba que, desde el mes de julio anterior, se le debían 500 reales por dicho concepto. Y en 1871 el alcaide fue despedido por «no haber atendido a los presos pobres».
En algún momento indeterminado el reparto de ayudas volvió a hacerse directamente a los presos pobres, ya que en junio de 1896 el periódico El Nuevo Alicantino propuso que los 50 céntimos que se entregaba diariamente a cada uno (claramente insuficientes), fuese administrado conjuntamente y así obtener mejor rentabilidad. También abogaba por que los presos trabajasen para obtener ingresos, para lo cual habría que reformar el sistema carcelario. La misma opinión expuso catorce años después el director de La Correspondencia de España.
Presos pobres ajenos
Como cada ayuntamiento era responsable del mantenimiento de los presos pobres que eran vecinos suyos, surgieron numerosos conflictos entre diferentes consistorios a causa de ello, con el jefe político o gobernador ejerciendo el papel de árbitro:
En agosto de 1816, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jijona reclamó al de Alicante el pago de alimentos de presos alicantinos que había en la cárcel jijonenca. En febrero de 1829 fue el alcalde de Relleu quien reclamó al de Alicante la manutención de un preso pobre nacido en Aguas Bajas (Aguas de Busot, entonces perteneciente al municipio alicantino). En febrero de 1836 el alcaide Miguel Ródenas pidió al alcalde alicantino que reclamase a otros municipios los gastos por mantenimiento de ocho presos forasteros. En febrero de 1835 el gobernador ordenó al alcalde que ayudase a un preso natural de Altea, y que luego reclamase al Ayuntamiento de dicha población. Y en noviembre de 1837 el gobernador conminó al alcalde oriolano a pagar al Ayuntamiento de Alicante los gastos de envío de presos a la cárcel de esta ciudad, so pena de ser multado con 500 reales.
Carceleros
El alcaide, como máximo responsable de la cárcel, debía responder de cualquier fallo que se produjera en el establecimiento, especialmente de las fugas. Y hubo bastantes. En junio de 1770 el alcaide Cristóbal Ramírez fue cesado y juzgado por la fuga de un preso, Antonio Carratalá, que había defraudado a la Real Hacienda. Ramírez hubo de responder con su patrimonio a las deudas que el fugitivo tenía con el Estado.
Los alcaides solían tener un buen sueldo. En general, los empleados de prisiones tenían un salario medio. En 1744, un guardia carcelario cobraba del municipio 48 libras; y en enero de 1869 el alcaide y su ayudante cobraban más que el médico municipal. Pero no siempre cobraban a tiempo. En diciembre de 1833 los guardas reclamaron el salario que se les debía de los cuatro primeros meses del año, y en octubre Gabriel Martínez, destinado en Valencia, pidió que se le abonara el sueldo de 16 meses que se le debía de cuando había sido alguacil aquí. Además, las empleadas cobraban bastante menos que los empleados, incluso durante la II República. En 1935, las tres presas eran atendidas por una celadora, Leonor Coronado de Haro (37 años, viuda con dos hijas y un hijo de entre 3 y 9 años), que tenía un salario de 2.500 pesetas anuales, mientras que su compañero (que vivía en el recinto con su familia) cobraba 4.000 (también es verdad que había 120 presos varones).
En enero de 1839 se le concedió al alcaide José Sellés un aumento salarial de seis reales diarios. Pero en 1845 este alcaide fue encerrado en los calabozos del castillo de Santa Bárbara. Le sustituyó interinamente Antonio Sánchez, quien se presentó para ocupar la plaza junto con otros diez hombres. Fue elegido Carlos Navarro, que cesó en 1849.
Reglamento
El 1 de agosto de 1845 se aprobó el «Reglamento para el gobierno interior de la cárcel del Partido y ciudad de Alicante», en el que se distinguía entre detenidos y presos, en locales separados; las mujeres (detenidas y presas) estarían en una sala propia; el máximo de presos que debía albergar la cárcel, repartidos en varias salas, era de 96; el preso no declarado pobre debía pagar al alcaide al ser excarcelado 25 reales por carcelaje; los incomunicados no declarados pobres correrían con los gastos del alumbrado del calabozo y satisfarían al llavero (ayudante del alcaide) a su salida cuatro reales si su estancia era de 15 días u ocho si la incomunicación había excedido dicho plazo; los presos que accedieran a la sala de Distinguidos debían pagar al alcaide 50 reales; los presos pobres debían hacer la limpieza diaria y los no pobres también, aunque podían sustituirles otros previo pago de ocho maravedíes; el alcaide podía elegir, entre los presos «menos delincuentes y que mas confianza le inspiren», a sus ayudantes como llaveros y bastoneros, aunque toda la responsabilidad recaía en el alcaide.
Pero este reglamento no fue por supuesto un remedio infalible. En octubre de 1864 el Gobierno Civil abrió un expediente por las quejas recibidas de presos en contra del alcaide.
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