Se dice con mucha razón que el fin no justifica los medios. Por muy loable que sea el objetivo no vale cualquier método para conseguirlo. Me estoy refiriendo con esta introducción a la contratación de una auditoría/informe para saber qué ha pasado en el Ayuntamiento de Alicante durante la legislatura pasada, que es lo mismo que decir la «era Castedo». A todos -y a un servidor, el primero- nos interesa conocer si las cosas se hicieron mal, si hubo chanchullos o si se dilapidó el dinero público en comidas y saraos. Dicho esto, cuestionar un contrato que aparenta haber entrado en el terreno del fraude de ley, al encargar algo que tiene toda la pinta de una auditoría, cuando los grandes municipios tienen prohibido recurrir a este sistema y son obligados a examinarse usando sus propios métodos -funcionarios- o recurriendo a la sindicatura de cuentas, que para eso está, no es más que exigir a los que ahora están gobernándonos -con el alcalde Echávarri a la cabeza- la misma pulcritud y limpieza en la gestión que ellos pedían cuando estaban en la oposición. Es evidente que el PP, con la intervención de la Subdelegación del Gobierno pidiendo un informe sobre el susodicho contrato con la UMH, persigue boicotear que se bucee en su gestión, lo mismo que está meridianamente claro que se ha recurrido a un gasto de 18.000 euros de unas arcas municipales que no están para fiestas, precisamente para soslayar unos plazos que no venían bien al tripartito, ya que una auditoría interna no iba a estar a disposición del actual equipo de gobierno para la campaña electoral que se avecina. Son difícilmente entendibles el método usado, el secretismo con que se querían manejar ¿y controlar? los datos y las prisas, si lo que de verdad se quería es conocer lo sucedido para no repetir errores y corregir el rumbo. Pero eso sería gestionar pensando en los ciudadanos, algo que se ignora cuando se acercan las elecciones.
