La decisión de la Generalitat de permitir que sus funcionarios puedan trabajar hasta los 70 años, es decir, que aquellos que lo deseen puedan prolongar su actividad laboral más allá de los 65, supone un alivio para todos aquellos médicos y técnicos dependientes de la administración autonómica que querían ver prorrogada su hoja de servicios y no podían hacerlo. Esta posibilidad, sin embargo, contrasta con lo que ha venido ocurriendo en el estamento docente que se ha visto despoblado de sus componentes más veteranos que no llegan a cumplir las 65 primaveras sino que pasan antes a formar parte de las clases pasivas, dejando atrás una carrera pedagógica tan larga que había provocado una mella insalvable en su ilusión profesional. Todo lo contrario de lo que le ocurre a los facultativos que, en muchos casos, han puesto en manos de la Justicia la imposición de los miembros del anterior Consell que les obligaba a colgar sus batas de galeno aunque ellos se encontraran no sólo en plenas facultades sino con el ánimo suficiente para poder seguir aplicando la larga experiencia acumulada a lo largo de su vida profesional. Es este un debate, el de la experiencia, que no parece que se traslade a la esfera privada porque los trabajadores que sobrepasan determinados años de antigüedad vital y laboral en las empresas se han convertido en carne de cañón en los procesos de regulación de empleo, quizás sin darse cuenta los ejecutivos de esas mercantiles que estos empleados son los que cuentan con un bagaje que difícilmente se puede reemplazar y que la pérdida que supone su grado de conocimiento también puede repercutir en el quehacer cotidiano de unas compañías que han preferido dejar escapar esa formación antes que reducir la masa salarial de sus plantillas.
