Se debe reconocer que tras décadas de disparar los distintos gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Alicante con pólvora de rey, éste se encuentra más allá de una situación delicada: rescatado, intervenido, empeñado hasta las cejas y bloqueada cualquier posibilidad de inversión por los reveses judiciales que obligan a millonarias indemnizaciones (entre cuatro y ocho millones por Torre Placia, en función de la solución que se escoja; y 18 millones por el rodillo aplicado a Hansa en la cesión de suelo en tiempos de Alperi). Sin un euro en la caja y sin posibilidad de subir los impuestos por el compromiso electoral, entiendo que la situación del actual gobierno local PSOE-Guanyar-Compromís es desesperada. Todo político que llega al poder quiere dejar su impronta en la ciudad y debe ser frustrante para el tripartito estar atado de pies y manos sin margen de maniobra por los pecados de sus predecesores. Ahora bien, optar por un préstamo en el mercado bancario para librarse del control del Ministerio de Hacienda, ¿no es en la práctica hipotecar un poco más el futuro de los alicantinos como se ha hecho hasta ahora?
