El 28 de septiembre de 1990, en Argentina, el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe declaró el 28 de septiembre «día mundial por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito», dado que la conclusión más grave de la cumbre era que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres, en muchos de los países de la región.
El grupo municipal socialista, se suma y apoya esta simbólica celebración y reclama, una vez más, la necesidad de mantener la actual regulación en España, impulsada por el Gobierno Socialista, de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Con esta ley, España ha reconocido el derecho de las mujeres a una maternidad libremente decidida, lo que supone proseguir o no con su embarazo, siempre de forma consciente y responsable, por lo que la decisión adoptada debe ser respetada. Junto a este derecho, la ley del 2010 reconoce y garantiza el derecho a la educación y a la salud sexuales, porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de forma efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados, y, evitar, por lo tanto, las interrupciones voluntarias del embarazo.
La ley de 2010 es, además, una ley que garantiza la necesaria información de las mujeres y obliga a un período de reflexión antes de que puedan someterse a una interrupción voluntaria del embarazo: las mujeres son informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos que le corresponden si desean continuar con el embarazo, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, y de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención.
La ley de 2010 es, también, garantista para los supuestos de embarazos de alto riesgo, en los que la mujer puede decidir interrumpir su embarazo, por graves motivos médicos legalmente previstos y refrendados, caso por caso, por los informes médicos de dos especialistas o de un comité científico.
La movilización ciudadana, sobre todo de las mujeres, impidió la derogación de esta ley. Aunque el Partido Popular este verano ha reformado, casi en solitario, de forma parcial esta ley para impedir que las jóvenes en riesgo de violencia intrafamiliar, desamparo o desarraigo puedan abortar sin autorización de sus representantes legales. Modificación que puede abocar a muchas de estas jóvenes a prácticas ilegales e inseguras.
De ahí la importancia de que se impulsen medidas preventivas, que favorezcan la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo una gran labor de atención a través de la asesoría psicosexual, con atención personalizada y a través de chat y foros online, así como de prevención en los centros escolares de secundaria de nuestra ciudad, pero entendemos que tanto el Gobierno de España como el Consell de la Generalitat, han de impulsar de forma decidida estrategias encaminadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Se debe mejorar la información, la formación, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, especialmente entre la juventud, el acceso a anticonceptivos de última generación, a técnicas de reproducción asistida, etc. Es importante también que se incorpore la educación sexual a la educación reglada, desde las edades tempranas.
Desde el grupo municipal socialista se suma y apoya esta simbólica celebración y reclama, una vez más, la necesidad de mantener la actual regulación en España, de la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como que se garantice la plena aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
