En este contexto, cabe situar la opinión manifestada por el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, de plantearse la continuidad del convenio de gestión tributaria firmado en 2013 por su Ayuntamiento con la Diputación de Alicante para el cobro de los tributos municipales. Gestión que lleva a cabo la entidad pública Suma Gestión Tributaria desde el pasado año y que debería continuar hasta el 2017, inclusive. Al parecer, porque le gustaría suprimir el coste concertado por tan importante gestión, y que, en el año 2014, ha sido de 2.460.000 euros, el 2,19% de la recaudación en periodo voluntario obtenida.
De llevarse a cabo la supresión antes del término pactado en el convenio, supondría el incumplimiento de una obligación contractual, antes de cumplirse el segundo año desde su inicio. Algo inexplicable, porque es norma de obligado cumplimiento respetar los compromisos legales adquiridos por los gobiernos precedentes, adoptados bajo el buen criterio y análisis económico, y porque, además, supondría una deslealtad institucional que acarrearía graves perjuicios a ambas instituciones.
Una vez suscitado el debate, y conocido a través de los medios, más allá de la sorpresa y estupor por la posible ruptura, y no siendo una cuestión baladí, conviene reflexionar, para aportar luz, dada su importancia pública, y así tratar de contribuir, en toda la extensión de la palabra, a su justa decisión. Su objeto, atañe al mundo fiscal, en el que se maneja dinero público del principal municipio y sus consecuencias abarcan, también, al conjunto provincial, representado por un organismo de su Diputación, y es más conveniente, si cabe, porque, como se ha apuntado después, podría realizarse un análisis sobre la conveniencia de una medida de tan hondo calibre que dañaría al organismo Suma, que ha realizado, al amparo del acuerdo, importantes inversiones.
El convenio fue el resultado de un minucioso y documentado análisis previo entre el Ayuntamiento de Alicante y Suma, sobre los costes y los beneficios preexistentes y los esperados en caso de su implantación, del que se desprendían importantes ventajas para el municipio y para el organismo provincial. Su puesta en práctica, desde el 1 de enero de 2014, que ha sido seguida por los técnicos representantes de las dos administraciones a través de la comisión de seguimiento nombrada al efecto, así lo confirma, porque a finales del mes de abril de 2015, a partir de la contabilidad municipal, se evaluaron los resultados globales de la gestión y recaudación en períodos voluntario y ejecutivo del 2014, y éstos arrojan un incremento de los derechos recaudados totales en el ejercicio 2014, sobre los del 2013, por importe de 5.481.000 euros: un excelente resultado, más si cabe, teniendo en cuenta que se trataba del primer año de implantación.
Decía Groucho Marx, con singular ironía, que «la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y aplicar las soluciones equivocadas». Pero no siempre debe de ser así. No siempre los políticos buscan problemas donde no los hay. En todo caso, las decisiones políticas deben adoptarse con un amplio conocimiento del asunto conseguido a través de un somero análisis. Y si hay una comisión paritaria de seguimiento, como es el caso, y se tienen cifras que aportan los estados contables, éstos deben ser interpretados objetivamente. Debería de considerarse que Suma Gestión Tributaria se creó hace 25 años, en un gran acierto de su presidente, Antonio Mira-Perceval, y desde entonces, al socaire de una acertada gestión tributaria, todos los municipios, sin importar el plural color político de sus dirigentes, han ido confiándole la responsabilidad de una gestión tributaria que ha sido calificada de ejemplar, bajo el ineludible dictado de los principios de justicia tributaria.
Desde que en 1990 Suma se inició en el siempre ingrato quehacer del cobro de los tributos, quedó demostrado que su gestión centralizada de los impuestos municipales resultaba más favorable y eficiente para cada municipio que el desempeño individual por cada uno de ellos: algo que resulta fácil de entender, como apuntaba Javier Izquierdo el pasado día 16, en este medio. Día a día Suma fue abriendo oficinas de atención al público, implantando instalaciones, medios informáticos de lo más avanzados, firmando convenios con otras instituciones y organismos públicos para favorecer la gestión; alcanzando acuerdos, y en todo caso, facilitando el pago a los contribuyentes y ayudando a los municipios para que el flujo financiero alcance regularidad en su llegada a las arcas locales. En resumidas cuentas, se ha servido de la modernidad y de la metodología más avanzada para alcanzar la eficacia y eficiencia en la gestión que se le encomienda. Puede afirmarse que el precario tren con el que discurrió en sus inicios ha terminado convirtiéndose en un excelente AVE al que en el año 2014, el Ayuntamiento de Alicante decidió incorporarse, sabiendo, previo exhaustivo análisis, que de su buen hacer solo podrían derivarse ventajas: apostó por lo seguro.
Pero las cañas, tras las elecciones territoriales, se han vuelto lanzas. ¿Por qué extraña razón se quiere suprimir un servicio prestado por una entidad pública tan cercana, cuyo objeto es tributario y, por ello, obligatorio e irrenunciable, prestado eficaz y eficientemente; es decir, logrando los mejores resultados al menor coste? ¿Cómo se duda de un modelo de gestión que ha recibido los mayores parabienes e imitado en muchos territorios del Estado español, que está siendo copiado en otros países, y nominado entre los mejores modelos de gestión tributaria de mundo por una de las instituciones más prestigiadas? Y, ¿cómo se pueden plantear el derrocar un acuerdo contractual antes de su término cuando los resultados avalan su éxito?
No es que queramos decir que la función, si retornase al municipio de Alicante, se deterioraría por causas imputables a sus funcionarios, no. sino que, como se ha apuntado, sería imposible siquiera igualar los resultados salvo que se empleasen medios de los que hoy se carece, sin contar con el valor añadido de los muchos convenios suscritos a nivel nacional, cuando es sabido. Y porque, hoy por hoy, el Ayuntamiento de Alicante, adolece de falta de medios, personal, instalaciones; en resumidas cuentas, no cuenta con las enormes economías de escala que sí posee Suma. Algo que reconocen más de cien alcaldes provinciales, de lo que se benefician y de cuya buena gestión y resultados, terminan, al fin y a la postre, sirviéndose todos ellos, a través de su Diputación que es quien recoge los frutos de la eficiencia de Suma.
Los políticos emplean, en ocasiones, extraños derroteros; pero quienes alcanzan nuevos cargos no debieran mostrarse reticentes ni contrariados sin antes investigar. Como expresó Blaise Pascal, «aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto». Suma gestión tributaria merece el aplauso por su trabajo. Y, aunque el refranero popular diga que nadie es profeta en su tierra, esta institución apolítica ha hecho en estos 25 años honor a su nombre y su gestión merece un justo reconocimiento.
