Que la que fuera alcaldesa de Novelda, presidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turismo diga en un juzgado, sin ningún tipo de rubor, que no tenía ni repajolera idea de lo que era Fitur ni nada de los relacionado con nuestra principal industria, dice mucho de cómo algunos dirigentes del PP se han tomado a esta Comunidad durante los últimos 20 años y pico que han estado al frente de las principales instituciones autonómicas. Me cuesta encontrar un calificativo, por no encontrar uno lo suficientemente grande que lo abarque todo, para definir a los que, como si de un juego se tratara, nombraban cargos públicos sin la más mínima preparación para definir políticas de futuro en sectores cruciales para la economía de esta Comunidad. Irresponsables es poco para gente como el expresidente Camps, que fue el que nombró a Milagrosa Martínez, pero si voy más allá me temo que me voy a meter en un terreno que ni los mismísimos tribunales de justicia se han atrevido a pisar porque no existe una figura legal que sirva para sentar en el banquillo a los que, con su pésima gestión y su forma de entender la administración pública, nos han llevado a la bancarrota al peor estilo de los antiguos terratenientes, pese a que lo que han tenido en sus manos ha sido el dinero salido de nuestros impuestos. Y debería, ante esta laguna legal, procederse con urgencia a establecer una normativa que haga responsables a nuestros cargos públicos de las decisiones que toman cuando están gobernando, sea el Consell, la Diputación o cualquier ayuntamiento. No se entiende, los ciudadanos no pueden comprender que nadie esté sentado en un banquillo para responder del inmenso agujero en las finanzas públicas y de las decenas de proyectos y obras con inmensos sobrecostes que ahora no sirven para nada. Quien ha dilapidado lo que es de todos no puede seguir yéndose de rositas.
