Llama la atención que la coalición de partidos políticos partidarios de la independencia de Cataluña sea una amalgama de ideas cuyo único punto en común, a tenor de lo que ellos mismos han explicado, es su deseo de separarse del resto de España. Una vez que han dejado esto claro no sabemos qué pasaría, en el caso de que lograsen sus objetivos, el día después de conseguir la independencia. Pero, en cualquier caso, hay que admitir que aunque tienen un único fin a conseguir lo tienen bien asumido gracias a la repetición constante de un mantra, compuesto de frases hechas y de silogismos, preparado para cualquier pregunta que se les pueda hacer.
Del artículo que Artur Mas publicó el pasado día 6 con el título A los españoles en un periódico de tirada nacional, cabe deducirse el tradicional argumentario victimista que rodea a los nacionalismos con deseos de independencia: el noble pueblo catalán ha vivido bajo múltiples dictaduras, no nos quieren pese a lo mucho que nosotros queremos a los demás, damos más dinero del que deberíamos al resto de España. Sin embargo, ni en este artículo ni en la entrevista del pasado domingo en La Sexta, aclaró Mas los casos de corrupción surgidos dentro de sus propias filas ni el hecho de que tengan embargadas sus sedes, dejando entrever que una de las razones de este repentino deseo de voluntario quebranto legal podría obedecer al interés de que la corrupción ligada a su partido, que comienza a surgir y cuyo exponente máximo fue la aparición de cuentas bancarias en el extranjero de la familia Pujol, con varios hijos archimillonarios sin oficio conocido, dicha corrupción, repito, pueda verse diluida. Tampoco aclaró Artur Mas qué entiende por amplia mayoría ya que en un principio ese era el apoyo imprescindible para iniciar la hoja de ruta independentista que a día de hoy se ha transformado en una mayoría de escaños en el Parlamento catalán.
Podría entenderse, dentro de su lógica, un intento de secesión si una mayoría cercana al 80% de la población fuera partidaria de la misma, pero con menos de la mitad de las personas con derecho a voto, en torno al 40% según las últimas encuestas de la propia Generalitat, partidaria de la independencia, se hace imposible plantearla. Artur Mas y el conjunto de partidos políticos que han planteado unas elecciones autonómicas plebiscitarias no sólo conculcan la legalidad vigente, al otorgar al resultado de las elecciones un papel que no tiene, es decir, inventado, sino que sobre todo no han explicado las consecuencias que a corto y medio plazo tendría la independencia de Cataluña.
No deben haber leído, los partidarios del sí, los Tratados de la Unión Europea en orden a la admisión de un nuevo miembro ni el mecanismo, largo y plagado de requisitos, que cualquier país de Europa debe cumplir para formar parte del club europeo. En primer lugar, el Consejo de las Naciones Unidas debería considerar a Cataluña como un nuevo Estado, algo difícil porque lo primero que exigiría es un proceso democrático ajustado a la legalidad que no se está produciendo. Pero además, Artur Mas no dijo en la entrevista televisiva la verdad sobre este asunto. No es que Cataluña dejara de formar parte de la Unión Europea, como recordaba hace unos días el exministro socialista Josep Borrell, sino que las políticas de Bruselas dejarían de aplicarse en esta zona española al día siguiente de una hipotética independencia y esto es algo que no se ha explicado de manera veraz.
Se hace necesario, más que nunca, una solución dialogada entre las principales fuerzas políticas. Al problema actual se une el hecho de la aparición de nuevos partidos, algo que va a suponer que el necesario consenso se lleve a cabo de una manera más dialogada que si se hubiese solucionado el problema cuando el PP y el PSOE constituían el 80% de los votos en las elecciones generales. Frente al inmovilismo del PP, que ha buscado el máximo rédito electoral posible agitando el fantasma del separatismo, ayudado convenientemente por tertulianos de radios y televisiones de Madrid, y frente al inmovilismo también de los independentistas catalanes, los españoles buscamos ese lugar intermedio donde la concordia y el acuerdo sean la causa y la consecuencia de las necesarias conversaciones que deben iniciarse. ¿Pero cuándo?
Consideramos correcta la evolución del Partido Socialista Catalán, partidario de la permanencia de Cataluña dentro del Estado español, una vez que los anteriores cabezas de lista en ayuntamientos y varios parlamentarios autonómicos partidarios de la independencia de Cataluña abandonaron el PSC para instalarse en partidos independentistas o en el Parlamento de la Unión Europea. No hay nada como aprovechar el viento a favor.
Esperamos que los antiguos nacionalistas catalanes moderados, que se han unido a la lista de Juntos por el Sí, recuperen su antiguo seny y vuelvan a comprender la necesidad de una convivencia en común que se refleja en la Constitución Española, norma fundamental de convivencia que conseguimos los españoles unidos en un largo camino de lucha por la libertad.
