La ciudad de Elche experimentó una gran metamorfosis tanto urbana, como económica y demográfica, en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Pero también en las tres décadas siguientes se produjeron cambios profundos y radicales.
Estos años sentaron las bases de un Elche moderno que ha sido capaz de reinventarse como ciudad para encarar el actual siglo con gran confianza en su futuro. Evolucionó de un modelo basado en la agricultura y la artesanía hacia otro industrial, para más tarde apostar decididamente por la diversificación y la innovación.
Repasando la historia de la industria del calzado, principal sector económico de la ciudad durante décadas, hay que recordar que a finales de los años setenta, gran parte de la mano de obra de este sector estaba empleada en empresas que contaban con importantes plantillas, ya que entonces seguían un modelo integrado donde todo el proceso de producción se desarrollaba en las mismas instalaciones, aunque con muchas aparadoras a domicilio. A su vez, para completar sus pedidos, contaban con numerosas fábricas satélites, buena parte de ellas clandestinas.
A finales de los años setenta y principios de los ochenta este modelo entró en declive. Ante el incremento de los costes el sector se reconvirtió, pasando del modelo de gran empresa integrada a una red de pequeñas empresas que colaboraban entre sí, muchas de ellas bajo la fórmula que se conoce como economía sumergida, para poder ser competitivos frente a los nuevos productores en países emergentes (Brasil y sudeste asiático) Así, de una situación de pleno empleo a principios de los setenta, se pasó a una tasa oficial de paro del 26% en el año 1986.
Esta reestructuración permitió ganar en eficacia y reducción de costes, pero incrementó la clandestinidad y por tanto la economía sumergida. Este nuevo modelo trajo mayor precariedad e inseguridad laboral.
A finales de los años 90, la irrupción de China como proveedor mundial de calzado a precios muy competitivos, trastocó todo este panorama. Incluso muchas empresas ilicitanas comenzaron a trasladar su producción a países de Asia oriental. Los costes de producción en estos países se traducen en que la única forma que tenían nuestras empresas de sobrevivir era apostar decididamente por la calidad, la moda, el diseño y la marca, incrementando el valor añadido de sus productos.
Tras unos años complicados, una nueva reestructuración, unida a la subida de costes en los países competidores, ha permitido a la industria del calzado volver a ser un sector pujante, generador de empleo, aunque la economía sumergida y la precariedad laboral continúan siendo la gran asignatura pendiente. Treinta y cinco años después de aquella gran reestructuración a finales de los años setenta del pasado siglo, muchas empresas del sector calzado siguen basando su competitividad en la precariedad laboral, creando grandes bolsas de desigualdad, compitiendo deslealmente y generando un importante volumen de fraude fiscal.
Otros sectores económicos de la ciudad (hostelería, construcción, etc.), lejos de huir de esta situación, también se han apuntado «al carro» de la economía sumergida, convirtiendo a Elche en una de las ciudades de España con mayor precariedad laboral y mayor desigualdad.
Las consecuencias de estas irregularidades son, entre otras, que Elche es de las ciudades españolas que menos renta por hogar declara: 11.997 euros al año, cifra que contrasta con los 21.400 euros de la vecina Alicante o los 54.543 euros de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La pensión media de jubilación en la provincia de Alicante, muy influenciada por la economía sumergida de Elche, es de 856 euros al mes, cuando en España es de 1.011 euros. Son numerosos los casos de personas que han trabajado toda su vida y apenas tienen cotizados los años mínimos requeridos para obtener una pensión. La desigualdad en nuestra ciudad ha aumentado con los últimos años y con ella la pobreza.
Por tanto queremos hacer un llamamiento a la sociedad ilicitana en general y los empresarios en particular. Nuestro modelo económico no puede continuar apoyándose en la precariedad y en la economía sumergida. En pleno siglo XXI hay que avanzar hacia un modelo que proporcione seguridad a las personas que trabajan. Esta seguridad dará lugar a una sociedad más justa y más dinámica, que incrementará el consumo. Los impuestos recuperarían su papel fundamental de redistribución de la riqueza, y todos recibiríamos más servicios, mejor educación y mejor sanidad pública. Todos saldríamos ganando.
