La proliferación de artículos de opinión sobre el posible cambio de la Constitución es una señal clara de que la cuestión alcanza un punto de ebullición tal que la hace inesquivable. Todas las fuerzas políticas se disponen a incluir en la agenda sus posiciones al respecto, sobre las que girará en buena medida el debate público en las próximas elecciones generales.
A diferencia del Pacto Constitucional de la Transición, que aunó posiciones distantes con el objetivo común de dejar atrás la dictadura para construir un Estado social y democrático de Derecho descentralizado, el principal escollo que hoy se presenta para llevar a cabo un cambio constitucional es que no parece existir un objetico o base común que sirva de punto de apoyo para lograr acuerdos. De ahí el pesimismo de un constitucionalista tan lúcido como Javier Pérez Royo, que plantea el dilema, a su juicio insoluble, entre la necesidad de una amplia reforma de la Constitución o la desintegración de España, señalando que la primera opción no tiene visos de salir adelante.
Pese a las dificultades que el panorama actual ofrece para llevar a cabo tan ardua tarea, el punto de partida debiera ser un correcto diagnóstico de las transformaciones sociales y políticas de las últimas décadas para pasar a articular un diálogo constructivo. A modo de ejemplo, me permito señalar algunas temáticas al respecto.
1.- Se ha superado la versión restringida de la reforma constitucional. Tras años de estabilidad institucional, garantizada por las fuerzas mayoritarias, el único punto de consenso fue el alcanzado en torno al Dictamen del Consejo de Estado de 2006, con su conocida propuesta de cuatro modificaciones de la Constitución(regulación de la igualdad de mujeres y varones en la sucesión a la Corona, modificación de la función del Senado, clarificación de la conexión con Europa, inclusión en la Constitución de la denominación de las CC AA). Es evidente que esta visión restringida y técnica de la reforma es claramente insuficiente, pues ha quedado desbordada por la dinámica social.
2.- Una segunda transición, la transición globalizadora, ha alterado las bases materiales de la Constitución del 78. Cerrar los ojos a la realidad de lo que supone la transición globalizadora, que se manifiesta bajo la forma de un capitalismo de impronta financiera, sería poco menos que suicida, dado que afecta directamente a la soberanía y al ejercicio de la democracia en España. Pensemos en la reforma exprés del art. 135 que ha supuesto condicionar toda la parte de la Constitución que regula los derechos sociales y el modelo económico consensuado en 1978. Ello afecta, a su vez, a las relaciones de España con una UE que presenta actualmente fuertes divisiones internas, de modo que si bien son necesarios mecanismos para facilitar la integración europea, habrá que introducir cautelas para evitar que las políticas europeas vacíen de contenido la propia Constitución.
3. Atajar la desigualdad creciente en España y sus consecuencias en el orden constitucional. Sin igualdad no hay ciudadanía ni dignidad de la persona. Se precisan reglas que garanticen la cohesión social y que prevengan la desigualdad mediante el reforzamiento de los derechos sociales. La desigualdad tiene varios frentes, desde la situación de parados y excluidos sociales, hasta la condición constitucional de emigrantes, refugiados y asilados, la fiscalidad cualitativa o la construcción constitucional desde la categoría de género. Problemáticas que están ya instalados en el debate público.
4.- Potenciación del proceso democrático y revisión de las instituciones del Estado como tareas. La degradación de la democracia, que trae causa de las malas prácticas del bipartidismo, ha repercutido negativamente en el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, más allá de los problemas de diseño que arrastran desde 1978. La ciudadanía, que tiene hoy día a su disposición medios para evaluar por su cuenta los rendimientos del poder y el correcto funcionamiento de las instituciones, reclama cambios para impedir que las instituciones del Estado actúen al servicio de intereses partidistas y de los numerosos grupos de presión. El reclamo de un mayor protagonismo de la ciudadanía exige una discusión a fondo sobre las fórmulas participativas vinculadas a la gobernabilidad, así como las que den impulso a la transparencia y a la lucha eficaz contra la corrupción.
5.- La redefinición del modelo territorial como problemática acuciante a resolver. De hecho es lo que ha abierto la puerta al proceso de cambio. En el plano constitucional, salvo que se produjera una ruptura fáctica de la soberanía, las diferentes propuestas -fiscales, federales, confederales- tienen que sustanciarse en el marco de un debate abierto a la ciudadanía y al conjunto de las fuerzas políticas. Pero acometer un diseño actualizado del modelo territorial no es excusa para abandonar lo prioritario, esto es, la articulación de una democracia limpia en un Estado socialmente cohesionado.
6.- Modificar las reglas actuales de la reforma constitucional. La regulación actual de la reforma constitucional se calculó para sellar el pacto del 78 y dificultar su alteración, pacto que fue vulnerado con la reforma ya citada del art. 135. Sería necesario revisar las reglas de reforma con el fin de distinguir claramente los contenidos que precisan de estabilidad -la esfera de lo indecidible- de aquéllos otros que permitan la adaptación al curso cambiante de la realidad, conforme a la voluntad popular.
7.- Un debate inclusivo sobre el cambio constitucional. Cualquier opción que condujera a un acuerdo de reforma desde arriba, articulado exclusivamente por las fuerzas mayoritarias, desconociendo las transformaciones de la sociedad española y la emergencia de nuevos actores políticos, no sólo sería fraudulento sino que impediría conseguir el necesario acuerdo plural que toda Constitución requiere para alcanzar su propia legitimación.
Estos son algunas temáticas de calado; ahora hay que encontrar soluciones.
